El escrito viene motivado por la queja que recibió Alvaro Gil-Robles proveniente de Natividad Serrano, actual directora general de Bienestar Social de la Diputación General de Aragón, que intentó acceder a la mecionada plaza en el Ayuntamiento y detectó diversas irregularidades en el proceso de selección.

Entre las acusaciones, se cita la falta de título superior del aspirante que ganó la plaza en el Servicio de Educación y, según el informe del Defensor del Pueblo, la "irregular modificación de las bases de la primera convocatoria y otras posibles anomalías en la valoración de méritos".

Gil-Robles incluirá el caso en el informe que presentará a las Cortes Generales, ya que además de las irregularidadesdetectadas denuncia una actitud poco colaboradora del Ayuntamiento con las investigaciones al respecto.

El que fuera concejal de Personal en el Ayuntamiento durante la anterior legislatura, Armando Pérez, negó las acusaciones de premeditación y justificó la falta de titulación del aspirante que logró la plaza.

Pérez reconoció, no obstante, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio a Natividad Serrano el derecho de ocupar la plaza de jefe de los Servicios Jurídicos, a la que optó en seguna instancia.

Por su parte, el grupo del Partido Aragonés Regionalista (PAR) en el consistorio zaragozano denunció favoritismos políticos para los funcionarios en sus posibilidades de ascenso en el organigrama. El concejal regionalista Joaquín Guerrero llegó a hablar de ostracismo contra los funcionarios con ideas políticas alejadas del PSOE.

La actual delegada de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Solano, considera que la Oficina del Defensor del Pueblo no conocía las bases del concuro, ya que en los requisitos para acceder al puesto no se exigía la posesión de titulación superior. Anunció que la provisión de la plaza de jefe del Servicio de Educación volverá a salir a concurso próximamente.

El alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, afirmó desconocer el informe del Defensor del Pueblo, pero reconoció que sería grave que existieran motivos políticos en la promoción de funcionarios.