A su juicio, el conocimiento que el Defensor tiene de la Administración y su experiencia en el trato con los ciudadanos puede ayudar en esta ampliación de funciones mediadoras, que ya tienen sus homólogos autonómicos en Cataluña, Aragón y Castilla y León.

La Comisión Mixta del Defensor del Pueblo reanudó hoy sus debates monográficos en esta legislatura, con una propuesta de IU sobre la intervención de la institución como mediadora en los conflictos entre las adminitraciones públicas y el ciudadano.

Alvarez de Miranda subrayó en la comisión que la mediación del Defensor del Pueblo es más sencilla y menos gravosa que la propia jurisdicción contencioso administrativa, que padece, además, la acumulación de asuntos.

Sin embargo, puntualizó que la institución no puede, en ningún caso, suplantar a la justicia. "La mediación del Defensor", añadió, "debe ser, en todo caso, aceptada por las partes, dentro de unos límites".

A modo de ejemplo, Alvarez Miranda cit la mediación en los crecientes conflictos que surgen en algunos servicios públicos esenciales, la gestión del medio ambiente y el urbanismo, y ciertos contenciosos fiscales.

"Se trataría", explicó, "de encontrar una (mediación) más rápida, aceptada por las partes, y dentro del marco jurídico, sin que la Administración renuncie, en ningún caso, a sus potestades regladas."

El procedimiento de la mediación del Defensor sería gratuíto y confidencial, de acuerdo con su Ley Orgánica, que, en todo caso Alvarez Miranda consideró que debería ser reformada, si los grupos parlamentarios pretenden ampliar las funciones mediadoras de la Institución.

Según reconocieron todos los grupos parlamentarios presentes en esta comisión, para que el Defensor del Pueblo aumente sus funciones mediadoras debería se dotado de los medios materiales, humanos y técnicos adecuados.

Por el grupo proponente, Pedro Antonio Rios (IU) consideró que las reflexiones del Defensor sobre sus funciones de mediación deberían ser bjeto de una mayor reflexión, pero admitió que se podrían agilizar la resolución de los conflictos entre las administraciones y los ciudadanos, siempre que no se convirtiera en otro trámite más entre la Administración y el recurso a la vía judicial.

Luis Mardones, de Coalición Canaria, pidió prudencia y cautela, "porque un fracáso del Defensor", advirtió, " actuando de mediador en conflictos sociales, quemaría el prestigio de que goza la institución entre los ciudadanos. Hay que evitar, sobre todo, covertir al Defensor en un tribunal económico o contencioso administrativo bis".

En la misma línea se pronunció el portavoz del Grupo Catalán, el senador David Marca y Cañellas, y el del Grupo Socialista, el diputado, Francisco Valls, quien instó al Defensor a hacer más uso de las funciones de mediación que actualmente ya le reconoce la Ley Orgánica que lo regula.

Alvarez de Miranda se comprometió a intensificar esas funciones mediadoras, pero reiteró la necesidad de que la comisión reflexione y lo grupos propongan reformas legales que las precisen y concreten, precísamente, para evitar los riesgos que algunos portavoces habían apuntado.