El oleoducto, construido por el Ejército de los Estados Unidos para asegurar el suministro de combustible a sus bases militares en España, fue traspasado al Ministerio de Defensa español al renegociarse el Tratado de Amistad Hispano Americano.

En 1994, Defensa cedió en régimen de concesión el uso de la red a la Compaía Logística de Hidrocarburos (CLH). La concesión a CLH se hizo bajo dos condiciones: que el oleoducto pudiera ser utilizado ocasionalmente para usos militares y que la empresa privada asumiera el mantenimiento de la instalación.

El vertido se dirige ahora a una velocidad de 0,5 metros por segundo hacia el Guadalquivir, afectando a pozos subterráneos y acuíferos, lo que supone un grave riesgo para la flora y fauna del entorno.