La Oficina del Defensor argumenta, en una nota de prensa, que Alvarez de Miranda ha tomado esta decisión ante la "alarma social" que ha suscitado la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que confirma otra de la Auiencia Provincial de Vizcaya, por la que se absuelve a tres policías de la comisaría de Baracaldo que custodiaban a la brasileña la noche de los hechos, y que inicialmente fueron acusados de haber participado en la vilación.

El Defensor del Pueblo afirma que en ambas sentencias se considera probada la violación, pero no la responsabilidad de ninguno de los tres funcionarios que esa noche vigilaban a la detenida. La propia sentencia reconoce, como hecho probado, la imposibilidad de que otra persona pudera acceder al calabozo en el que se encontraba la arrestada, sin ser vista por los funcionarios que la vigilaban.

La propia sentencia del Tribunal Supremo llama la atención para que los órganos superiores del Cuerpo Nacional de Policía investiguen, en el campo disciplinario, la actuación de los tres policías nacionales que, "por mor de trasnochadas ideas corporativas o falso compañerismo han podido encubrir un gravísimo delito de violación, acreditao y constatado".

Alvarez de Miranda considera qe, al haber quedado acreditada la agresión sexual de una detenida que estuvo bajo la custodia de los tres agentes de policía absueltos, así como la imposibilidad material de que terceras personas pudieran haber participado en tales hechos, implica una actitud gravemente negligente de los citados agentes de policía, en su deber fundamental de asegurar la integridad física de su detenid, a lo que se une la actitud obstruccionista de dichos funcionarios durante el proceso judicial.