"Mañana cumplimos seis meses. Hace medio año y está pendiente de ser debatido en el Pleno. No hace falta que diga nuestra disposición y nuestra voluntad de que se haga ese debate, como señala la PNL de los grupos parlamentarios al respecto", remarcó durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados para presentar los informes anuales correspondientes a 2022 y 2023, que ya entregó en el Parlamento antes de Semana Santa.

Gabilondo recordó que el citado documento sobre los abusos "consta de 777 páginas más sus correspondientes anexos". "Además de ofrecer un análisis en múltiples aspectos del asunto", dijo en referencia a esta lacra en otros países, factores de riesgo, consecuencias de los abusos y la repuesta que ha dado la Iglesia y los poderes públicos, señaló "que el núcleo del trabajo presentado está enfocado en la atención central a las víctimas".

"Nos equivocamos siempre que estamos hablando de otras cosas de las que también hay que hablar. Nos equivocamos si no nos fijamos fundamentalmente en cuál es la orilla de nuestras preocupaciones, las víctimas y la atención a las mismas", resaltó.

El Defensor también hizo referencia a las 24 recomendaciones que planteó en su informe y destacó que "tras la presentación del informe se han registrado 180 nuevas solicitudes, nuevos testimonios de víctimas del entorno de la iglesia católica, de ellos se han considerado válidos 95", por lo que las denuncias recabadas por el equipo de Gabilondo rondarían las 600.

Precisamente, Ángel Gabilondo se reunió el 11 de abril con representantes de asociaciones de víctimas de la Iglesia, a quienes trasladó su deseo de que espera poder defender en breve el informe en el Pleno del Congreso de los Diputados. “Ahora corresponde a la Mesa del Congreso de los Diputados fijar la fecha para ir a la presentación y debate con los parlamentarios. Y esto nos gustaría hacerlo lo antes posible”, señaló.

El presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, indicó hace unos días a Servimedia que tras el anuncio del plan del Gobierno para reparar a las víctimas de abusos eclesiales esperaba “un salto importante” de iniciativas por parte del Parlamento cuando el Defensor del Pueblo presente ante el Congreso el informe sobre abusos en la Iglesia. “No es lo último”, vaticinó Cuatrecasas, en referencia a “otras medidas” que llegarán en adelante y que dependerán del Parlamento.

INFORMES DE 2023 Y 2022

El Defensor del Pueblo tramitó 35.603 expedientes en 2023, 4.151 más que en 2022. En total, recibió 34.926 quejas -3.849 más que en 2022-, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos- e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones -38 más que en 2022-. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Entre los temas destacados del informe se encuentran los retos de la implantación de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; las administraciones y los servicios públicos saturados; la prevención e la violencia escolar; los menores en régimen de protección; la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil; la situación de los menores no acompañados llegados a Canarias; la acreditación de la condición de víctima de violencia de género; la situación de las mujeres en prisión; la gestión digital al servicio de las personas con discapacidad; la realidad de los pacientes electrodependientes; la protección de los consumidores en los procedimientos de reclamación en los sectores energéticos; el ingreso mínimo vital; la prevención y extinción de los incendios forestales; y la declaración y recuperación de los suelos contaminados.