La actual ley de Autonomía del Paciente marca como edad mínima para poder abortar sin este consentimiento los 18 años.

Tras conocer las conclusiones del comité de expertos del Ejecutivo, Canalda afirmó en un comunicado que dicha decisión "no puede, bajo ningún concepto, hurtarse al conocimiento y consentimiento de los padres que, en ejercicio de la patria potestad, han de prestar todo el apoyo a sus hijas".

Además, alerta de que aplicar esta recomendación supondría que, "en muchos casos, los padres no llegarían a enterarse de que su hija habría interrumpido su embarazo y se encontrarían con una situación de hecho realmente difícil de abordar y sin solución posible".