En una nota, Morgades lamenta la situación que atraviesa Diego. L.B., popularmente conocido como el "Niño de el Royo", que ha ingresado de nuevo en un centro de acogida de Salamanca después de que las Administraciones hayan detectado que se encontraba en desamparo.

"Este caso es un ejemplo de la falta de claridad y definición de la prioridad que internacionalmente está establecida para los derechos del niño. El interés superior que debe primar siempre,y por encima de todo, es el del menor, incluso ante el de sus padres si es que fueran discrepantes, como parece ser en este caso", asegura.

El Defensor del Menor reclama también la imprescindible especialización de todos los profesionales involucrados en el trato con el menor, incluidos los jueces y los fiscales; así como la creación de los Juzgados de Familia que sean necesarios.

"La ausencia de Juzgados de Familia está llevando a un tipo de maltrato, no suficientemente valorado, que es el maltrto institucional. Deben ser los Juzgados de Familia especializados los que se ocupen de casos como este, y de otros como las separaciones matrimoniales, en lugar de hacerlo los Juzgados de Primera Instancia, carentes de la debida especialización, e incluso de los equipos técnicos que puedan aconsejarlos", señal.

"Hemos de pensar que", agrega, "además de la realidad estrictamente judicial en estos casos, se debe valorar la realidad social y psicológica en que se desenvuelve la situación del menor y susconsecuencias".

El Defensor del Menor recuerda que esta institución, estando su anterior responsable al frente, Javier Urra, se mostró ya entonces contraria a la decisión adoptada por el juez respecto a Diego.

"Puede resultar duro de aceptar y aunque nunca se pueda afirmar nada sin valorar todos los antecedentes, aún existiendo un informe en el que se contemple que la presencia del menor pudiera ayudar a la recuperación de su madre, si hubiera primado el interés de aquel en consonancia con la docrina internacional, no debería haber sido devuelto a su madre biológica", sentencia Morgades.

Agrega que "puesto que actualmente el menor está bajo la protección de la Junta de Castilla y León todos debemos, bajo ese prisma, valorar la nueva situación tomando las decisiones que garanticen la máxima estabilidad del pequeño".

El Defensor asegura además que "por las referencias con que cuenta esta institución sabemos que la familia de acogida del pequeño Diego ha mantenido en todo momento contactosatenciones con la madre biológica del menor, una circunstancia que debe ser destacada por inusual".

Núñez Morgades ha querido también recordar la labor realizada durante todo este tiempo por la Asociación de Amigos de Diego que, a pesar de estar en desacuerdo con la decisión judicial la acataron, y han tratado de llevar a cabo un seguimiento de la situación del pequeño.