Según Javier Urra, "esta medida va a permitir trabajar con los jóvenes de 14 a 18 años y, a veces, hasta con los de 21 años, y va a permitir cambiar mucho la justicia de los jóvenes en España a mejor, ya que va a ser más educativa y recuperadora y espero que también nos ayude a trabajar mejor con el muchacho y su entorno".

A su juicio, "la creación de la figura del fiscal de menores era absolutamente necesaria, y que la Ley del Menor es magnífica y difícilmente mejorable, pero tiene una exigencia muy importante en coste humano y medios materiales".

Asimismo, Javier Urra subrayó la gran voluntad política del Gobierno y del ministro de Justicia, Angel Acebes, "dignas de aplauso", por incluir este tema para su aprobación en el último Consejo de Ministros antes del verano.

Tras la aprobación de esta medida por parte de la Administración central, el Defensor del Pueblo pidió que, ahora, las comunidades autónoas pongan en marcha centros y se dote de personal a los barrios conflictivos para prevenir la delincuencia entre los niños y los adolescentes.

La figura del fiscal de menores forma parte de un proyecto más amplio que supone la creación de salas de menores en esos tribunales. El ministro de Justicia, Angel Acebes, garantizó en junio que cuando entre en vigor la Ley Penal del Menor, el próximo 13 de enero, estará en marcha todo el sistema (jueces, fiscales, personal administrativo) que lleva aparejado. Con la creación de estas fiscalías, que verán la luz el próximo año, se da un primer paso en el nuevo sistema penal de menores. La principal novedad radica en que será el fiscal, no el juez, como ocurre ahora, quien instruya los sumarios por delitos y faltas cometidos por menores.