Este miércoles se celebró en el Tribunal Supremo la vista para la revisión de la sentencia recurrida por los 19 condenados. Esa sentencia a ex altos cargos del gobierno autonómico socialista, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fueron condenados por un fraude millonario que se urdió en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas.

En la sesión de la tarde expusieron sus argumentos los abogados de los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. El abogado de ésta última, Rafael Alcácer, negó que hubiera arbitrariedad en los proyectos y anteproyectos de las leyes de Presupuestos que incluían las transferencias de financiación y defendió que eses textos aprobados en el Parlamento regional era “idénticos” a otras leyes de Presupuestos que el Parlamento aprobó cada año”. “¿Cómo pueden considerarse ilegales textos idénticos a lo que la voluntad soberana del Parlamento decidió convertir en ley?", preguntó en voz alta el letrado.

Por su parte, el abogado del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías insistió en que "nunca tuvo competencias en materia de elaboración de presupuestos y del pago de las ayudas sociolaborales", y en que no participó en reuniones en las que se implementaran modificaciones presupuestarias. Añadió, además, que Zarrías nunca tuvo conocimientos en materia económica y presupuestaria.

Con similar hilo argumental, la defensa del exsecretario general técnico de Empleo Javier Aguado negó rotundamente que existiera entre los condenados un "pacto criminal" para lograr eliminar la fiscalización previa de las ayudas y concederlas de forma arbitraria. El supuesto teórico sobre el que pivota la argumentación de la sentencia que les condenó.

Insistió el letrado en que la existencia de tal "pacto criminal" requiere de alguna prueba que demuestre que existieron "instrucciones, exigencias o recompensas para actuar de esa forma durante diez años" y apuntó que tales pruebas no existen, por lo que reclamó la absolución.

También argumentó en ese sentido el abogado de la exsecretaria técnica de Empleo Lourdes Medina, quien dijo que es “inverosímil” que concertaran voluntades a lo largo de los años para mantener un sistema irregular de ayudas sociolaborales. Tanto el letrado de Medina como el del secretario general técnico Juan Francisco Sánchez, insistieron en que son funcionarios públicos, no políticos, y en que nunca actuaron de manera arbitraria.

CHAVES Y GRIÑÁN

La sentencia del ‘caso de los ERE’ de Andalucía condenó a 19 ex altos cargos del gobierno autonómico socialista, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fueron condenados por un fraude millonario que se urdió en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas.

El tribunal que juzgó el asunto mantuvo la convicción de que el Gobierno socialista andaluz conocía la "patente" y "palmaria ilegalidad" de las ayudas sociolaborales, que sumaron cerca de 700 millones de euros que la Administración autonómica concedió con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009.

La vista trae de nuevo a primer plano del debate político el mayor caso de corrupción visto en los tribunales cuando las elecciones andaluzas están convocadas para el próximo 19 de junio, por lo que se prevé que el Tribunal Supremo no se pronuncie hasta después de los comicios.

La Sala de lo Penal ha fijado dos jornadas para su celebración dado el elevado número de recursos recibidos. Las sesiones podrían incluso alargarse a la tarde. Los miembros del tribunal son los magistrados Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo, Juan Ramón Berdugo como presidente y Eduardo de Porres como ponente.

Los máximos dirigentes del gobierno andaluz que fueron condenados son los expresidentes José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación y que podría ingresar en la cárcel si su condena se confirma, y Manuel Chaves, al que se condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

GRIÑÁN “NO DECIDÍA”

En la sesión de la mañana, la defensa de Griñán pidió su absolución de los delitos de prevaricación y malversación por los que fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación argumentando que su representado nunca “miró para otro lado” ni pudo incurrir en irregularidad alguna porque “no decidía sobre los fondos” que se asignaron de manera fraudulenta. "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", sentenció.

El letrado José María Calero explicó que Griñán llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en abril de 2004 y defendió que, por tanto, no pudo tener ninguna relación con los sucesos que constituyen el núcleo de la causa, que ya se había puesto en marcha antes y, por tanto, insistió, su defendido "no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio, ni con las ayudas individuales".

El abogado insistió en que no puede existir prevaricación porque Griñán no tenía capacidad de decisión ni actuó nunca “a sabiendas de la injusticia”, actuando “siempre” con “informe a favor” de las ayudas de la intervención. “No aparece que Griñán tuviera a su cargo la partida o los fondos y pudiera decidir qué hacer con los fondos”. Tampoco que albergara “ánimo de lucro”.

Además, la defensa del expresidente andaluz esgrimió “los documentos que acreditan que en ese periodo ni el control interno ni externo advierte ningún tipo de anomalía. Ninguna irregularidad afloró en los años que estaba Griñán hasta años después”, y aseguró que su representado “no miró para otro lado” y entre los años 2004 y 2009, el condenado hizo “todo lo que sugirió la Intervención”, después “el consejero lo aprobó, lo llevó al Parlamento y se convirtió en ley. No hubo pasividad”.

Finalmente, el letrado puso en duda que haya respetado la presunción de inocencia puesto que la legalidad de las ayudas aún no ha certificado mediante sentencia, puesto que están pendientes de juicio en otra pieza y criticó la falta de racionalidad de la sentencia y destacando que Griñán se guio en su actuación por las directrices de la Intervención, aunque sus informes no fueran vinculantes. El interventor fue absuelto en el juicio.

OTROS CONDENADOS

Por su parte, Encarnación Molino, abogada del exconsejero de Innovación de Andalucía Francisco Vallejo, defendió que el delito de malversación que figura en la sentencia recurrida se refiere a las ayudas individuales otorgadas, pero esas ayudas “no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".

Al igual que la defensa de Griñán, esgrimió que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su defendido y que la sentencia mezcla valoraciones sobre actuaciones políticas y actuaciones administrativas.

También el letrado de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2004, criticó la sentencia por ser “un cúmulo de conjeturas y especulaciones (…) técnicamente cuestionable e ininteligible”. A su entender, las pruebas en su contra fueron “claramente insuficientes” y no pudieron acreditar que Viera pudiera saber de las irregularidades.

En nombre del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, su abogado también destacó la “orfandad probatoria” de la sentencia sobre el delito de malversación y aseguró que el fallo se sustenta sobre “juicios de valor” que no se soportan en “hechos”.

La defensa del exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras y de su sucesor en el cargo, Javier Guerrero, también se amparó en la insuficiencia de pruebas del delito de malversación y en que la sentencia no entra “ni en el cómo, ni el cuándo, ni para quién, ni cuál fue el destino de los fondos”, por lo que considera vulnerada la presunción de inocencia”.

El Ministerio Fiscal ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso, lo que podría llevar a prisión a Griñán, condenado a seis años de cárcel, mientras que Chaves fue condenado a una pena de inhabilitación por prevaricación. También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años), así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.

Mañana jueves, el tribunal escuchará los argumentos de las defensas que hoy no han podio exponer sus argumentos y también las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El gran número de intervinientes ha hecho que el Supremo fije dos jornadas para la revisión de esta sentencia en sesiones de mañana y tarde.