Del mismo modo, Defensa de la Sanidad Pública indicó en un comunicado que la extinción del Instituto de Salud Pública "abre otros serios interrogantes sobre el futuro de la protección de la salud de la población, máxime cuando existen fundadas sospechas de que se está planteando la contratación de algunas o todas sus funciones con empresas privadas".

A juicio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, estas transformaciones de la consejería de salud favorecen la privatización de los servicios sanitarios de la región, suponen el abandono de todas las actividades no asistenciales de la Consejería de Sanidad, "dejando a la salud pública bajo mínimos" y multiplican organismos y cargos "para hacer la administración sanitaria más cara e ineficaz".

La nueva estructura de la Consejería de Sanidad aparece regulada en los decretos 22/2008, 23/2008 y 24/2008 de 3 de abril, publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de ayer.

PREOCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores de Salud Pública de la Comunidad De Madrid (profesionales de la veterinaria, medicina, farmacia, enfermería, sociología, trabajo social, informática, biología, geografía, psicología, personal administrativo y otros) manifestaron su "preocupación y alarma" ante la desaparición de la dirección en la que hasta ahora se englobaban.

Estos empleados consideraron en una nota de prensa que las modificaciones sufridas en el organigrama de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid son "un grave error por las negativas consecuencias que tendrán para la salud de la población de la Comunidad de Madrid".

Y es que, según estos trabajadores, la nueva estructura de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid deja las competencias de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación "fragmentadas y descoordinadas dentro del organigrama de la Consejería de Sanidad".

Este cambio, continúan los empleados de lo que hasta ahora era la Dirección General de Salud Pública, "debilita y amenaza de forma muy grave las funciones de salud pública en nuestra comunidad y supone un paso atrás en la importante experiencia organizativa y profesional acumulada en las últimas tres décadas".

El objetivo fundamental de la salud pública es proteger a la población en su conjunto, anticipándose a la aparición de la enfermedad, algo que será más difícil de hacer si sus competencias están fragmentadas, indican los trabajadores de este sector.

Además, argumentan, "todas las comunidades autónomas de nuestro país disponen de una Dirección General de Salud Pública y algunas de las que decidieron suprimirla han vuelto a crearla dada la importancia de que las competencias de la salud pública se dirijan de una forma coordinada y racional".