Vargados fue el último de una veintena de guardias civiles que cumplieron en 1994 penas de hasta tres meses de arresto en la prisión militar de Alcalá de Henares por su presunta vinculación con el ilegal Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Al mismo tiempo, el funcionario hoy readmitido, fue el primero de los únicos tres guardias civiles a los que e expedientó y expulsó.

José Luis Vargados recurrió la resolución del Ministerio de Defensa. El contencioso se saldó a favor de sus intereses merced al fallo de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, hecho público el pasado día 11 de octubre de 1995, que instaba a Defensa a readmitirle en su puesto de trabajo. El tribunal consideró "improcedente la apertura del expediente gubernativo por el motivo que se abrió", según reza la resolución judicial.

Dando cumplimiento a dicha resolución,José Luis Vargados recibió el sábado pasado una comunicación remitida por el ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que se le daba a elegir entre su readmisión laboral en el puesto que ocupaba cuando fue expulsado, en el cuerpo de especialistas fiscales de El Musel (Gijón), o bien quedar a disposición del propio Ministerio, que fijaría el traslado más conveniente.

Vargados ya ha tomado una decisión y aceptará su readmisión en la plaza en el puerto de ijón, tal y como explicó hoy a Servimedia el propio afectado, "porque de otra forma", agregó, "son capaces de enviarme a Calatayud", dijo en tono peyorativo.

En la actualidad, otros dos guardias civiles se encuentran en la misma situación de expulsión que estaba José Luis Vargados hasta el pasado sábado. Se trata del sargento primero José Morata Gargallo, destinado como comandante de puesto en Burriana (Castellón) y fundador de la Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán (COPROPER),y Manuel Mínguez Palero, cuya labor la venía desempeñando en Badajoz. Ambos fueron expulsados por su presunta vinculación con actividades sindicales.

Con fecha 21 de julio de 1994, una resolución de la Audiencia Nacional reconocía el derecho de asociacionismo en el seno de la Benemérita, lo que obligó al Ministerio de Justicia e Interior a registrar como tal la asociación fundada por Vargados y otros funcionarios del Cuerpo.

En la actualidad, COPROPER 6 de julio, fruto de la fusión de las primera y únicas asociaciones reconocidas en el seno de la Benemérita, agrupa a 1.300 guardias civiles de toda España -de un total de 70.000 que forman el Cuerpo- y dispone de 31 delegaciones, la última de las cuales acaba de constituirse en Ibiza. Por otra parte, están a la espera de que Interior reconozca su nueva denominación como Asociación Nacional de Guardias Civiles.