Griñán fue condenado a seis años de prisión y a 15 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación en el ‘caso ERE’ sobre la concesión de subvenciones a las prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

Entiende la defensa del expresidente que la legislación vigente prevé “supuestos excepcionales” que permiten que la ejecución de la sentencia no sea “ni inmediata ni automática”. En este caso, la defensa de Griñán pide que se aplace en tanto no se resuelva la petición de indulto formulada al Gobierno.

Además, alude a la elevada edad del expresidente, que tiene 76 años, y recuerda que aún está pendiente la respuesta al incidente de nulidad elevado al Tribunal Supremo respecto a la sentencia que desestimaba su recurso de casación, contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Concluye, además, que Griñán "no es un político corrupto” y que su ingreso en prisión causaría un perjuicio irreversible en caso de que se atienda la petición de indulto. Igualmente, reprocha a la Fiscalía que no haya hecho un análisis individualizado de la situación de Griñán.