"No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", sentenció en la vista que celebra el Tribunal Supremo para revisar los recursos de los condenados.

La sentencia del ‘caso de los ERE’ de Andalucía condenó a 19 ex altos cargos del gobierno autonómico socialista, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fueron condenados por un fraude millonario que se urdió en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas.

La vista traerá de nuevo a primer plano del debate político el mayor caso de corrupción visto en los tribunales cuando las elecciones andaluzas están convocadas para el próximo 19 de junio, por lo que se prevé que el Tribunal Supremo no se pronuncie hasta después de los comicios.

La Sala de lo Penal ha fijado dos jornadas para su celebración dado el elevado número de recursos recibidos. Las sesiones podrían incluso alargarse a la tarde. Los miembros del tribunal son los magistrados Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo, Juan Ramón Berdugo como presidente y Eduardo de Porres como ponente.

Los máximos dirigentes del gobierno andaluz que fueron condenados son los expresidentes José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación y que podría ingresar en la cárcel si su condena se confirma, y Manuel Chaves, al que se condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El letrado José María Calero explicó que Griñán llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en abril de 2004 y defendió que, por tanto, no pudo tener ninguna relación con los sucesos que constituyen el núcleo de la causa, que ya se había puesto en marcha antes y, por tanto, insistió, su defendido "no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio, ni con las ayudas individuales".

El abogado insistió en que no puede existir prevaricación porque Griñán no tenía capacidad de decisión ni actuó nunca “a sabiendas de la injusticia”, actuando “siempre” con “informe a favor” de las ayudas de la intervención. “No aparece que Griñán tuviera a su cargo la partida o los fondos y pudiera decidir qué hacer con los fondos”. Tampoco que albergara “ánimo de lucro”.

Además, la defensa del expresidente andaluz esgrimió “los documentos que acreditan que en ese periodo ni el control interno ni externo advierte ningún tipo de anomalía. Ninguna irregularidad afloró en los años que estaba Griñán hasta años después” y aseguró que su representado “no miró para otro lado” y entre los años 2004 y 2009, el condenado hizo “todo lo que sugirió la Intervención”, después “el consejero lo aprobó, lo llevó al Parlamento y se convirtió en ley. No hubo pasividad”.

Finalmente, el letrado puso en duda que haya respetado la presunción de inocencia y criticó la falta de racionalidad de la sentencia y destacó que Griñán se guio en su actuación por las directrices de la Intervención, aunque sus informes no fueran vinculantes.

El Ministerio Fiscal ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso, lo que podría llevar a prisión a Griñán, condenado a seis años de cárcel, mientras que Chaves fue condenado a una pena de inhabilitación por prevaricación. También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años); así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.