El letrado Ñako Goyoaga afirmó que estas organizaciones tienen "más relación con el Estado que con ETA" y reconoció que tienen "afinidad ideológica" con movimientos de la izquierda y pacifistas, entre otros, "incluso con ETA".

Sin embargo, añadió, Gestoras decide lo que hace y el marco para desarrollar sus actividades y "nadie impone" sus cometidos. "No hay ni una sola prueba que indique lo contrario", agregó, tal y como sostienen las acusaciones.

El letrado también indicó que Gestoras ha mantenido "relaciones" con la izquierda abertzale, con el PSOE, con el PCTV y "con todo el mundo", pero "jamás" ha tenido relación con ETA, "y no porque sea delictivo".

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD

Por su parte, Arantxa Zulueta manifestó que siente el "mayor respeto, admiración y orgullo" para los 24 procesados, ya que, a su juicio, representan, "en mayúsculas, compromiso, solidaridad y entrega", así como una "gran capacidad política para aportar soluciones democráticas al conflicto de Euskadi".

La letrada basó parte de su defensa en destacar la "abrumadora" falta de pruebas de cargo y el uso, como si fuera un "chicle", del término "terrorismo", que, denunció, se emplea para condenar todo.

Ainhoa Baglieto, otra de las abogadas, apuntó que, según los argumentos con los que la Fiscalía acusa de integración en banda terrorista a los procesados, "si manifiestas no querer que el tren de Alta Velocidad pase por Euskal Herria" y luego la organización criminal hace "igual" declaración, "es que eres de ETA y tus actos apoyan a ETA".

En su opinión, en este juicio se está juzgando la libertad de opinión, de expresión, de manifestación, y se juzga "bajo la premisa de que todo es ETA", pero no se quiere conocer la verdad.

La letrada Haizea Ziluaga provocó varias interrupciones por parte de la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por su insistencia en la denuncia de la violación de los derechos humanos de los presos en el País Vasco.

La abogada subrayó que el objetivo de estas organizaciones es denunciar la situación de algunos de los "738 presos políticos" que continúan en prisión pese a que debían estar en libertad, y dijo que los acusados han trabajado como "activistas de la defensa de los derechos humanos", y "no bajo órdenes de nadie".

En último lugar intervino la letrada Amaya Izco, quien remarcó que las acusaciones han mantenido argumentos "poco convincentes, absurdos y peregrinos" para relacionar a los acusados con ETA.

Izco indicó que "no hay directamente ni a través de otras organizaciones" relación entre Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna con la organización terrorista ETA.

Los abogados exigieron al tribunal, que integran Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, la "libre absolución" de los 24 acusados.