Antes de comenzar el juicio, la defensa planteó una cuestión previa por considerar ilegales las escuchas telefónicas que originaron el proceso. Javier Boix, el abogado de Blasco, solicitó la nulidad de todas las actuaciones por la supesta vulneración de los derechos fundamentales de su defendido.

En opinión del letrado, las escuchas telefónicas que ordenó el juez no se practicaron con todas las garantías legales y no deben ser admitidas como prueba. Concretamente, según la defensa, el juez no controló la ejecución de sus órdenes y la selección de conversaciones no se hizo en su presencia.

El "caso Blasco" se inició cuando el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, tuvo conocimiento de la implicación de Rafael Blasco en cieras irregularidades en el proceso de venta de unos terrenos públicos a los que optaba la empresa francesa OCC.

Las irregularidades fueron detectadas gracias a las escuchas telefónicas practicadas a dos funcionarios de la Consellería de Obras Públicas implicados en el "caso Calpe", otro proceso por cohecho registrado en el departamento que dirigía Blasco.

Según la defensa, el juez que ordenó nuevos "pinchazos" para investigar la implicación de Blasco y los otros acusados desconocía el delito que seles imputaba y las circunstancias concretas del caso, lo que vulneraría sus derechos fundamentales.

El abogado Javier Boix solicitó a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre las competencias del fiscal en estos casos.

EL FISCAL PIDE 3 AÑOS

Blasco, que fue miembro del Gobierno valenciano desde el acceso de los socialistas al poder hasta su destitución en diciembre de 1989, está acusado de los elitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas, por los que el fiscal pide 3 años de prisión menor y 8 de inhabilitación.

Según el fiscal, el ex conseller y los otros 5 acusados urdieron un plan para favorecer a la empresa OCC en la subasta de unos terrenos públicos situados en el término municipal de Paterna, donde la sociedad francesa pretendía instalar un centro comercial.

El representante de esta empresa, Jacques Lacroix, está acusado de haber ofrecido al menos cinco millnes de pesetas a cada uno de los otros inculpados, todos ellos con responsabilidad en la Consellería de Obras Públicas o en el Instituto Valenciano de la Vivienda, titular de los terrenos.