Los abogados de los cinco inculpados pidieron la libre absolución de sus defendidos, en tanto que Iñaki Gnzález, que se encarga de los intreses del inspector jefe, José Piris Perpén, y del agente Antonio Martín Granizo, hizo un alegato de más de dos horas, en el que descartó que los agentes policiales hubieran sido quienes dispararon las postas.

Por el contratrio, aseguró que los autores de los disparos fueron "los de siempre, los que tiran piedras, lanzan cohetes, con o sin postas, contra la Policía, los que queman trenes, etc".

González consideró que las declaraciones de algunos testigos no tienenvalidez, puesto que incurren en contradicciones, y calificó algunas pruebas de "sospechosas".

El defensor de Piris recordó las conversaciones que alguno de los testigos mantuvo con el entonces concejal de Herri Batasuna (HB), Felix Soto, y afirmó que no puede considerarse a su defendido como el responsable máximo en calidad de jefe de la dotación, ya que no podía tener el control sobre cada uno de sus subordinados.

El abogado de los restantes tres policías, José Luis Salcedo Arín, Eernesto Polo Cstillo y José Antonio Pérez Castro, aseguró que diversos defectos en la instrucción del procedimiento podrían llevar a la anulación de la vista.

El letrado de los tres funcionarios reafirmó también que no existen pruebas condenatorias contra sus clientes.

Frente a las peticiones de los abogados defensores, los de la acusación solicitaron para José Piris, responsable de la dotación policial, desde un año de prisión, que pidio el fiscal, hasta 24 años de prisión menor, que reclama la acusación partcular en representación de la persona que perdió un riñón, además de una indemnización que supera los 17 millones de pesetas.