Petitbó, en un encuentro con periodistas organizado por el Insituto de Estudios Económicos (IEE), ha explicado que con este proceder se corre el riesgo de que se confunda al alto funcionario con la empresa a la que representa, con lo que al final "no sabemos en nombre de quién actúa".

Asimismo, se pronunció a favor de que las empresas públicas inviables presenten suspensión de pagos. Según él, el enmascaramiento de sus pérdidas con los beneficios de otra compañía que pertenezca al mismo grupo produce confusión en la contabilidad del sector público.

Petitbó stuvo presente en la presentación del estudio del IEE "Libertad económica y progreso". Puso de manifiesto que en España todavía existen restricciones en la libertad de mercado en los sectores de servicios e industrial (sobre todo en el caso de la industria agroalimentaria). En este último caso, se refirió a los casos del azúcar, el aceite, el pollo y el pescado.

Sin embargo, el presidente del IEE, Arturo Gil, no compartió la opinión de que el sector agroalimentario esté protegido. Según él, la regulacón estatal se reduce al sector agrario.

A su vez, el presidente del Tribunal aseguró que una mayor competencia no conlleva la destrucción de empleo, sino una mayor dosis de bienestar para la sociedad. En su opinión, la Administración pública sólo tiene que encargarse de bienes públicos, como son la sanidad, la educación y el medio ambiente.

En relación con la regulación del mercado farmacéutico, dijo que la liberalización del mercado hubiera sido más eficaz que la negociación que Sanidad ha realiado con el sector, y de efectos más rápidos.

EL AVAL, MENOS ARRIESGADO

Por otra parte, el director del IEE, Juan Iranzo, opinó que la decisión del Gobierno de no asumir nueva deuda de las empresas públicas y de emitir un aval de 525.000 millones de pesetas para garantizar su pago, es "lógica" y supone un riesgo menor que la asunción directa. Además, tiene la ventaja de que de esta forma la nueva deuda no computa como déficit del Estado.

En cuanto a la previsión de inflación para el año que vien, del 2,6%, Iranzo señaló que se trata de una cifra "voluntarista", aunque cualquier variación en las previsiones, sobre todo a las que se refieren al crecimiento de la economía, tendría importantes consecuencias en el IPC.

Respecto al informe que se presentó hoy, el director del IEE destacó que España ha ganado dos puntos en la tabla de liberalización de la economía, aunque todavía sigue ocupando una posición media en relación con la situación de otros países.