Así lo recoge el último informe del TDC sobre "La Competencia en España: Balance y nuevas pespectivas" que ha elaborado, al indicar que la política del Ministerio de Industria de introducir el gas para generar electricidad no va a ser utilizada para fomentar la competenca entre las empresas del sector.

"Por el contrario", señala el Tribunal, "se ha utilizado -dicha política de gasificación de centrales- para resolver los problemas políticos derivados del acuerdo de compra de gas a Argelia, favoreciendo los intereses de Gas Natural".

Para el organismo que vela por la libre competencia en España, sus conclusiones sobre la política eléctrica del Gobierno desde que el Tribunal realizo recomendaciones de liberalización en el sector en 1993, son que se ha aceptado la oncertación entre las principales empresas.

También critica que se haya desaprovechado el márgen que concedía la tarifa eléctrica resultante del nuevo Marco Legal Estable del sector, para introducir competencia en el mercado, y se ha demostrado que los criterios de reconocimiento de costes fijos entre activos de generación y de distribución no son coherentes.

Sobre esta última cuestión, el TDC recoge el criterio de las empresas eléctricas privadas, para quienes la nueva obligación legal de separa las actividades de generación y distribución en el balance de las empresas, ha destapado enormes diferencias de rentabilidad reconocidas a las instalaciones de uno y otro tipo, casi 10 puntos porcentuales a favor de la generación. Esta situación favorecería notablemente a Endesa, grupo netamente generador.

Respecto a la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN) aprobada por el Gobierno, el Tribunal considera que se ha desperdiciado una buena ocasión para modificar algunos aspectos del ctual ordenamiento, esenciales para lograr una reducción significativa de las tarifas eléctricas.

Entre los elementos que deberían haberse cambiado en la ley y no se ha hecho, según el TDC, figuran el cálculo de la retribución a las empresas eléctricas (tasa monetaria), unos nuevos criterios para reconocer en la tarifa los costes fijos en que incurren las empresas, así como el tratamiento aplicado al carbón nacional, que sigue subvencionandose en el recibo, entre otros.