Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% tiene escasez.

La situación es “muy preocupante” en algunos territorios donde trabaja la organización, como son América Latina, África y Oriente Medio. Alianza por la Solidaridad-ActionAid incidió en que la principal problemática en África son las sequías generadas por el cambio climática, en Palestina preocupa la ocupación de Israel y el conflicto armado, y en América Latina los agronegocios y las hidroeléctricas que están detrás del expolio del agua.

América Latina y el Caribe representan ya el 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos, y se prevé un aumento del 22% de los cultivos y del 16% de los productos ganaderos hasta 2028, según refleja el informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2020-2029.

En este contexto, se incrementa la criminalización de las personas defensoras ambientales. El último informe de Global Witness de 2021 recoge un total de 227 asesinatos en el mundo durante el año pasado. Colombia, México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua se encuentran entre los principales países que sufren más crímenes por defender los recursos naturales.

Alianza ActionAid, junto a otras 10 organizaciones en la Comunidad Valenciana, impulsó un manifiesto para apoyar a las comunidades del sur global afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar, cuyos impactos han sido documentados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia, en el informe ‘El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?'.

La organización reclamó al Gobierno estatal una Ley “de debida diligencia” que obligue a las empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente, de manera directa o indirecta, a través de su cadena de valor, en el disfrute de los derechos humanos y el medio ambiente, y que facilite el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.