DEECHOS HUMANOS DENUNCIA LA "POLITICA DE PARCHES" EMPRENDIDA POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE EXTRANJERIA

MADRID
SERVIMEDIA

La Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) denunció hoy, en la presentación del informe anual de 1990, la "política de parches" que aplica el Gobierno en lo que se refiere a la situación de los inmigrantes extranjeros en nuestro país.

José Antonio Gimbernat, presidente de la asociación, afirmó que los países de la Comunidad Europea sufren "miopía de represió" frente a este problema. "La CE no sólo no practica los principios de libre circulación de personas y de ideas suscritos por la ONU, sino que emprende acciones represivas hacia los inmigrantes".

El informe anual de la APDHE recoge un estudio sobre "el nivel de libertades" de cada país, situando a España en la cola de los países avanzados y a la cabeza del Tercer Mundo, en el puesto número 24 de la lista.

Según Gimbernat, en España continúan violándose los derechos humanos de forma flagrante. En as comisarías siguen dándose casos de tortura para obtener confesiones y en las cárceles se maltrata a algunos presos como método represivo, afirmó.

El presidente de APDHE recalcó "el rotundo fracaso del sistema penitenciario español, más preocupado de recluir que de reinsertar". "En 1975 existían en España 17.000 presos", aclaró Gimbernat, "y en 1990 las cifras de internos rebasaban los 43.000".

"MILI" Y OBJECION

Sobre el servicio militar, los reprentantes de la Asociación Pro Derechos Humanosplantearon la necesidad de reformar la actual Ley de Objeción de Conciencia, con el fin de incluir la objeción sobrevenida y disminuir el periodo de la prestación social sustitutoria.

La APDHE solicitó también la supresión de la pena de muerte, que permanece en el Código de Justicia Militar español.

José Antonio Gimbernat instó al Gobierno a que cumpla el compromiso constitucional de regular el uso de la informática y sancione sin reservas la utilización indebida de los ordenadores por parte de ls autoridades policiales.

"La no observancia de estos principios", afirmó, "supondría un atentado a las libertades íntimas del ciudadano y pondría en peligro su propia seguridad".

(SERVIMEDIA)
11 Jul 1991
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