La nueva edición del ‘Dedómetro’ centra su trabajo en el sector estatal. El ‘Dedómetro’ 2024 analiza el mérito y la capacidad de 215 altos directivos de 40 entidades públicas estatales durante un periodo de 20 años. La investigación de Hay Derecho revela que el nuestro sector público estatal prevalecen una profesionalización "insuficiente" y una "politización creciente". La puntuación media del mérito y capacidad apenas supera el aprobado (5,15), más de la mitad suspenden y solo 39 de los 215 directivos obtienen una nota superior al 8.

Aunque la idoneidad de los directivos del sector público estatal ha mostrado una leve mejoría, el estudio revela que la politización ha aumentado, comprometiendo la independencia de los directivos y su capacidad de gestión imparcial. Además, la alta rotación de los directivos impide desarrollar estrategias a medio o largo plazo.

"Los niveles de rotación detectados son incompatibles con el desarrollo de planes estratégicos en las empresas públicas, que deberían también establecer evaluaciones de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas", advierte Rafael Rivera, responsable de investigación de datos de Hay Derecho. El informe evidencia que cerca de la mitad de los directivos permanecen menos de tres años en el puesto.

Para la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, esta investigación evidencia que "es esencial que los directivos al frente de empresas y organismos del sector público sean nombrados por su mérito y capacidad, y que se normalicen los procesos abiertos de selección basados en requisitos objetivos".

El ‘Dedómetro’ 2024 destaca algunos casos de malas y buenas prácticas en términos de mérito y capacidad de los máximos responsables del sector público estatal. Entre los casos negativos, hay tres que que se subrayan por distintas circunstancias: Paradores, Correos, y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Señala que ninguno de los últimos máximos responsables de Paradores tenía una experiencia contrastada en el sector turístico. Indica que Raquel Sánchez, su actual presidenta, cuenta con 16 años de experiencia profesional, pero principalmente en cargos políticos no relacionados con el ámbito de la entidad. En cuanto a Correos, dice que la entidad presidida por Pedro Saura muestra una tendencia preocupante hacia la politización en los nombramientos de sus responsables. Por otro lado, la fundación sostiene que el CIS es un claro caso de regresión en términos de politización. "En los últimos 20 años, la entidad ha tenido seis presidentes. En su mayoría eran profesionalmente idóneos para el cargo, aunque hay casos con una gran vinculación política, como el del actual responsable, José Félix Tezanos", relata en una nota de prensa.

"Por desgracia, el CIS es sólo un ejemplo –ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso– de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines", opina la directora general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

En cuanto a las buenas prácticas, destaca tres: la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que considera que la entidad presidida por Cristina Herrero se mantiene como autoridad "realmente independiente"; la del Banco de España, que con Pablo Hernández de Cos al frente "confirma la buena senda emprendida tras la crisis financiera de 2008"; y la de la CNMV, la entidad presidida por Rodrigo Buenaventura, "que exige requisitos objetivos para designar a su máximo responsable".

TRANSPARENCIA

El trabajo de Hay Derecho concluye que el 85% de las entidades analizadas incumple la ley de transparencia. Afirma que solo seis de las 40 entidades publican todos los indicadores requeridos por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. Estas son AENA, la AIReF, el Banco de España, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Además de los nueve indicadores establecidos por ley, Hay Derecho ha evaluado otros 11 indicadores, como, por ejemplo, si la entidad cuenta con una sección de transparencia, si publica los gastos de viaje y otros gastos del máximo responsable, o si ha colaborado activamente con la investigación.