En su comparecencia en la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Valcarce detalló que estos decretos establecerán las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas discapacitadas en las Administraciones Públicas, transporte, espacios públicos, nuevas tecnologías y bienes y servicios de comercio o turismo, entre otros.

En lo referido a las Administraciones Públicas, el decreto regulará las condiciones básicas que deben presentar las oficinas de atención al ciudadano, sus documentos impresos y los servicios que presten a las personas.

Con respecto al documento regulador del acceso al transporte, determinará las condiciones básicas que deberán cumplir los medios de transporte ferroviario, marítimo, aéreo y por carretera.

En cuanto al texto sobre espacios públicos, Valcarce indicó que garantizará las medidas necesarias para que puedan acceder a ellos, de forma independiente y segura, todas las personas.

Un cuarto decreto regulará el acceso a las nuevas tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social.

Por último, el quinto decreto establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en la utilización de los bienes y servicios a disposición del público en los ámbitos del comercio, turismo, industria, servicios financieros y seguros.

"En estos momentos", aseguró la secretaria de Estado, "están ya ultimados los textos de estos decretos y se han remitido al trámite consultivo de las comunidades autónomas", que tendrán, como mínimo, dos meses para su debate.

SISTEMA ARBITRAL

Por otra parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales anunció que próximamente se aprobará el proyecto de real decreto por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades.

Este proyecto dará cumplimiento al artículo 17 de la LIONDAU, que configura un sistema arbitral que resuelva, "con carácter vinculante y ejecutivo", las quejas y reclamaciones de personas con discapacidad en relación con la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en los campos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, transportes y bienes y servicios a disposición del público.

El texto de esta norma prevé, según dijo Valcarce, la creación de juntas arbitrales en las comunidades autónomas y de una junta arbitral central que resuelva las solicitudes que afecten a un ámbito territorial superior al de una región o que versen sobre materias de competencia estatal.