A pesar de que este Decreto Ley será un marco legal para el posterior desarrollo de medidas reglamentarias más concretas, según explicó hoy la ministra de Cultura, Carmen Alborch, los distribuidores opinan que el texto aprobado es una maniobra de los productores, que uieren hacer negocio obligando a las multinacionales a comercializar las películas que ellos hagan.

Entre los aspectos contemplados en la nueva legislación destaca la equiparación de la obra cinematográfica española a la de los demás países de la Unión Europea, se flexibiliza el cumplimiento por parte de los exhibidores de la cuota de pantalla y la adopción de una cuota de distribución tendrá un plazo de cinco años.

También incluye medidas de fomento para ayudar a la plena superación de la crisisen el sector audiovisual, tales como la coproducción de películas entre productores independientes y las televisiones públicas y privada.

Por lo que se refiere a los dobladores, a partir de ahora aparecerán sus nombres en los títulos de crédito que se proyectan al final de la película, que según la ministra era una reivindicación de estos trabajadores largamente esperada.

En un próximo decreto se establecerá la obligatoriedad de inscripción de las empresas audiovisuales y sus obras o grabaciones n un registro y los convenios de colaboración con entidades financieras para facilitar viabilidad económica a los productores.

ANTICIPARSE AL GATT

La urgencia con que se ha adoptado esta normativa está fundada por la necesidad de anticiparse al cierre de las negociaciones del GATT, el próximo día 15, y tratar de defender así una legislación anterior a la entrada en vigor del acuerdo de comercio internacional.

Si finalmente no se admite el cine como excepción cultural en el GATT, el techo de proección del sector audiovisual se integraría en cada país por su normativa vigente el día de la conclusión del acuerdo.

El Decreto Ley ha sido duramente rechazado por distribuidores y exhibidores españoles, que consideran que sólo beneficiará al sector de la producción, que ha sido el principal promotor de las medidas.

Según fuentes de los distribuidores independientes, las cuotas de pantalla que exige la nueva normativa, lejos de recortar los privilegios de las grandes multinacionales americanas n beneficio de las entidades nacionales, lo que hace es poner en manos de los americanos toda la distribución y hundir a los pequeños empresarios españoles.

El principal problema actual del cine es que los grandes americanos (los llamados "majors"), que comercializan películas de elevados presupuestos, que son las que más atraen al público en general, obligan al exhibidor a adquirir un paquete de títulos que incluyen buenas y malas cintas. El nuevo decreto no cambia eso, sólo exige que la proporción d películas europeas y no europeas se equilibre.

"Ahora, los distribuidores americanos, que podrán seguir imponiento cupos abusivos a los exhibidores, tendrán también el monopolio de películas europeas y españolas", aseguró a Servimedia Pedro Zaratiegui, responsable de Golem Distribuciones, "mientras que los pequeños distribuidores españoles tendremos dificultades para traer buenas películas australianas o coreanas".

El acuerdo entre los productores y el Ministerio de Cultura que ha desembocado eneste Decreto Ley, se ha consumado a espaldas de distribuidores y exhibidores, que aseguran que sólo han contado con ellos para comunicarles los hechos consumados.

Frente a estas críticas, la ministra manifestó que "puede haber algunos distribuidores que se consideren afectados, quizá porque no han podido leer el texto del decreto, pero somos conscientes de que las medidas adoptadas tienden a una mayor flexibilidad".

CUOTAS DE PANTALLA

El Decreto Ley contempla que los distribuidores podrán exhibr libremente cualquier película procedente de países de la Unión Europea, y para la obtención de una licencia de doblaje deberán acreditar que la obra comunitaria ha recaudado al menos 20 millones de pesetas en taquilla, y la segunda se concederá cuando se hayan recaudado 50 millones y se haya exhibido en al menos dos lenguas oficiales españolas.

El control de taquilla por procedimientos informáticos ya se ha puesto en marcha y su implantación progresiva lleva un buen ritmo, tal como señaló Alborch enel Congreso de los Diputados la semana pasada, y el plan se completará a lo largo de 1994.

También se establece una cláusula que se desarrollará más adelante, que habilita al Gobierno para fijar los porcentajes de coproducción que las televisiones deberán acometer con productores independientes, así como la proporción en la que deberán intervenir unos y otros.