Se trata de un decreto-ley por el que el Gobierno exige a las compañías eléctricas la devolución de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente.

Según este decreto del Ministerio de Industria, las eléctricas deberán descontar el próximo año de su retribución en torno a 1.400 millones de euros, correspondientes a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero de 2008.

Para el año 2006, las eléctricas tendrán que devolver 1.200 millones de euros en concepto de devolución de derechos de emisiones de CO2; para el 2007, 100 millones de euros.

Esta cantidad se descuenta del déficit tarifario que, al cierre de 2007, será de 800 millones de euros y, para 2008, de cerca de 4.700 millones de euros.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), en contra de este decreto, espera que no sea convalidado por el Congreso de los Diputados. Su objetivo es que se tramite como proyecto de ley, para contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios (el PP y, probablemente, CiU).

Si la Cámara baja convalida mañana el texto, la asociación que representa a las eléctricas no descarta recurrir a otras vías para "defender su seguridad.