La incautación tuvo lugar mientras los comerciantes ponían a la venta este producto, originario de China y que incumplía la normativa en materia de seguridad marcada por la Consejería de Sanidad y Consumo, el Instituto Nacional del Consumo y diversas normativas europeas.

Los vehículos carecían de declaración de conformidad, tenían una estructura con aristas agudas susceptibles de producir heridas por cortes, y, además, el tubo de gasolina estaba colocado cerca del motor, con riesgo de explosión, según la información del consistorio.

Además, presentaban otras anomalías, como riesgos térmicos, de incendio y de explosión que podrían causar quemaduras a quien las utilice, sobre todo en las piernas; un resguardo de cadena insuficiente, lo que puede ocasionar roces en las piernas y quemaduras por fricción, e instrucciones incompletas y en lenguaje no castellano.

La policía actuó al observar la presencia de uno de estos vehículos circulando por la calle, cuando su uso está limitado exclusivamente en circuitos cerrados. La intervención policial conlleva en estos casos, además de la inmovilización de la minimoto, la denuncia por la Ley de Seguridad Vial por carecer de permiso de circulación, y por el Real Decreto Legislativo 8/2004 por no presentar y carecer de seguro obligatorio.