La declaración de Mas Millet estaba prevista como imputado, pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional decidió finalmente cambiarle a la condición de testigo.

Mas Millet fue secretario del Consejo de Administración de Telefónica en la época posterior a que ésta vendiese Sintel, en 1996. Su declaración, "muy técnica", según las mismas fuentes jurídicas, sólo consistió en explicar la renovación del acuerdo de reconocimiento de deuda firmado en 1998 entre Telefónica, Mastec y Sintel.

En virtud de dicho acuerdo, Mastec International Inc (propiedad de la familia cubana Mas Canosa) reconoce adeudar a Telefónica un total de 3.551 millones de pesetas por la compra de Sintel.

Según consta en la investigación, en este mismo acuerdo convienen que Sintel se constituya en fiador solidario de Mastec International Inc ante Telefónica por el pago de esa deuda pendiente.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional tras la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en su día contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel, por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella nació de la denuncia que los propios trabajadores de la firma presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, pocos días después de instalar, el 29 de enero de 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid para protestar por su situación laboral.

La investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos la revendieron a Carlos Gil, en una operación en la que intervinieron sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.