Armengol, que compareció ante los medios de comunicación en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de la reunión técnica mantenida por los jueces decanos con los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces, contestó al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y aseguró que los jueces pueden hacer "un ejercicio legítimo del derecho a la huelga", al igual que el resto de los ciudadanos.

En este sentido, explicó que se trata de un derecho fundamental recogido por la Constitución y añadió que, en lo relativo a los jueces, no existe ningún precepto legal que les impida convocar una jornada de huelga.

Además, Armengol se mostró convencido de que los jueces, a través de las juntas que se celebrarán en toda España el próximo 21 de enero, respaldarán la propuesta realizada por las cuatro asociaciones judiciales el pasado lunes.

En concreto, las asociaciones acordaron proponer a sus afiliados la sustitución de la la jornada de huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los magistrados de Murcia, Extremadura y Zamora por una jornada de protesta que, aunque sus detalles están todavía por concretar, pasaría por la convocatoria ese mismo día de actos en todos las sedes judiciales para dar a conocer a los ciudadanos las reivindicaciones de la carrera judicial.

El juez decano aseguró que los jueces, en el caso de que el Ministerio de Justicia y el CGPJ no adopten las medidas necesarias para hacer frente a sus demandas, también estarían dispuestos a secundar la propuesta de las asociaciones de convocar una jornada de huelga para el 26 de junio.

Armengol quiso dejar claro que el malestar en la carrera judicial no tiene su origen en la sanción de 1.500 euros impuesta por el CGPJ al juez de Sevilla Rafael Tirado por la cadena de errores que provocaron que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, no estuviese en prisión a pesar de haber sido condenado por su juzgado.

El decano de Madrid destacó que la justicia española vive "una situación mala desde hace años" y recordó que, además de las cuestiones retributivas, las demandas de los jueces pasan por la implantación de la nueva oficina judicial y por la modernización de los juzgados.

Por último, se mostró personalmente convencido de que de aquí al 21 de febrero, "el Ministerio de Justicia, con la ayuda del CGPJ, podrá anunciar un pacto con los jueces para atender a sus demandas".