Ruiz Gallardón argumentó que desde 1982 se han transferido a las regiones medio millón de funcionarios, por parte del Estado, mientras que la Administración Central no ha ido rebajando paralelamente su plantilla, hasta el punto en que sólo tiene 300.000 trabajadores menos que hace diez años.

"A mi juicio", añadió, "el verdadero debate político no es tantola aceptación o no de la existencia de una administración única y común a diversas administraciones públicas, puesto que el principio ya funciona parcialmente en España, sino determinar cuáles son las competencias del Estado susceptibles de delegación de su ejecución (...)".

Por otro lado, el portavoz del PP dijo que su partido está dispuesto a apoyar la transferencia del 15 por ciento de IRPF a las comunidades autónomas, sólo si al mismo tiempo se implanta un cupo de solidaridad que permita a las comnidades "de vía lenta" obtener dinero para igualarse con las regiones ricas.

Explicó que su partido establece tres premisas "básicas" antes de acceder a esa transferencia: que no aumente el déficit público, que no suponga un incremento de la presión fiscal sobre el ciudadano, y que no de lugar a "transferencias negativas" desde las comunidades autónomas de régimen comun (todas, excepto País Vasco y Navarra) hacia el Estado.

"Debería modularse la cesión de este impuesto con el resto de ingresos", seguró el portavoz conservador, "para que el resultado total no cree agravios comparativos ni privilegios entre las distintas comunidades autónomas en función de su diferente nivel de renta".

A su juicio, sólo así quedarían sin efecto las imputaciones de "insolidaridad" (Rodríguez Ibarra) formuladas en los últimos meses por dirigentes socialistas. Alberto Ruiz Gallardón aprovechó la polémica entre cargos públicos socialistas para recordar que con el PSOE "no sabe uno a qué atenerse".

LAS "FRIVOLIDADS" DEL PSOE

En referencia a las afirmaciones de que el PP no garantiza ni la unidad ni la cohesión nacional, hechas por cualificados dirigentes del PSOE, Alberto Ruiz Gallardón afirmó que es "una estupidez" decir eso de un partido que, según la macroencuesta realizada por el CIS en noviembre pasado, obtiene representación en 49 de las 52 provincias españolas.

"Es muy grave", replicó, "vincular algo tan serio como la unidad nacional a la permanencia en el poder de un partido determinado. Esto, apate de ser una falacia y posiblemente una frivolidad, es escasamente coherente en una democracia constitucional".

En su opinión, es "ridículo" que el Gobierno y el partido que lo apoya utilicen esos argumentos y advirtió que si después de diez años en el poder, los único que se les ocurre es el "yo o el caos", esto denota la pobreza de ideas que tienen.