Los socialistas proponen que se incluya en la legislación electoral una causa de pérdida de la condición de representante, "consistente en la realización de actuaciones u omisiones que supongan una manifiesta deslealtad hacia la candidatura o la formación política con la que concurrieron a las elecciones".

Especifican a contiuación tres requisitos para aplicar ese precepto. El primero es que esas actuaciones sean de tal relevancia que supongan deslealtad hacia el electorado, un fraude a la representación conferida y una desnaturalización del resultado electoral.

El segundo es que esas actuaciones u omisiones no respondan a motivaciones derivadas exclusivamente de consideraciones sobrevenidas que afecten a la libertad ideológica.

Finalmente, se requiere que esa causa sea apreciada por un órgano jurisdiccional medianteun procedimiento de especial urgencia y celeridad, sin perjuicio de las acciones penales que puedan proceder y, en todo caso, del ulterior control por parte del Tribunal Constitucional.

SENTENCIA DEL TC

En la rueda de prensa de presentación de las propuestas, el portavoz socialista, Jesús Caldera, explicó que el mecanismo de ejecución podría ser un requerimiento a la Junta Electoral Central por parte de la formación política o la candidatura por la que el diputado en cuestión resultó elegido.

Ea primera petición sería resuelta por la propia Junta Electoral Central por procedimiento de urgencia, pero la última palabra sería siempre del Constitucional.

En su exposición de motivos, los socialistas recuerdan la sentencia del Constitucional que otorga el escaño al diputado y no al partido, pero consideran que esa jurisprudencia ha permitido "supuestos perniciosos de utilización fraudulenta de la representación electoral" motivados por intereses ilegítimos o antidemocráticos y no por discrepanciaideológica alguna.

Ejemplo de esos "supuestos perniciosos" es, en opinión de los socialistas, lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid con la traición de los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez.

Pese a subrayar las bondades de esta propuesta, Caldera se mostró convencido de que el PP la rechazará, como todas las relativas a regeneración democrática y transparencia de la vida pública, dijo.

DE DUDOSA CONSTITUCIONAIDAD

Poco después el secretario general del Grupo Popular, Gabriel Cisneos, explicó en otra rueda de prensa que no respaldarán esta propuesta porque tienen "muy serias dudas" de que respete la Constitución.

El PP ha presentado una propuesta de resolución para evaluar la extensión del Pacto Antitransfuguismo, suscrito sólo para las corporaciones locales, al ámbito autonómico.

Izquierda Unida sí que pide también en otra propuesta que se fuerce el abandono de los escaños "usurpados" en la Asamblea de Madrid con la reclamación de todos los partidos y el compromiso de no tilizar tránsfugas para constitur, mantener o cambiar la mayoría de gobierno de las instituciones públicas.

En otras propuestas los socialistas sugieren desbloquear las listas electorales, garantizar el libre acceso de los ciudadanos a las declaraciones de bienes de los cargos electos y endurecer sus incompatibilidades.