Este punto estaba recogido en una de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista como consecuencia del Debate sobre el Estado de la Nación, y que fue rechazada con 133 votos a favor, 197 en contra y 10 abstenciones.

A pesar de que esta propuesta no hacía ninguna referencia a casos concretos, los socialistas han denunciado en numerosas ocasiones la "parcial" actuación del fiscal general, Jesús Cardenal, en el caso Ercros, en que se ha pedido la imputació del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.

La finalidad de esta propuesta era dejar claro que "la transparencia, la ética en la actuación política, las pautas de conducta conforme a unos códigos públicos, la asunción de responsabilidades y el sometimiento en igualdad ante la ley, sin sombra de impunidad de sus gobernantes, actúan como barómetros de calidad democrática".

En consecuencia, la propuesta del PSOE consideraba "imprescindible" una reforma del Ministerio Fiscal para "garantizar laigualdad ante la ley y evitar cualquier sospecha ciudadana de impunidad de sus responsables políticos".

A través de esa reforma, según la propuesta de los socialistas, se introducirían los mecanismos necesarios para impedir la intervención del fiscal general "en los procesos dirigidos contra aforados o en los que estén o pudieran estar incursas personas aforadas, de forma que se garanticen y hagan plenamente efectivos los principios de legalidad e imparcialidad que deben presidir las actuaciones del Mnisterio Público".

Esa misma propuesta incluía la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso para facilitar la labor de control al Gobierno, de alcanzar un nuevos sistema de financiación de partidos políticos, y de dotar de mayor independencia al Centro de Investigaciones Sociológicas.