En concreto, los diputados canarios reclamaban la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado de estudio e investigación que constituyera en su seno ponencias para investigar "casos puntuales que sean objeto de denuncias, además de desarrollar, simultáneamente, un análiis profundo sobre las causas, mecanismos y efectos de la corrupción en todas sus formas y ámbitos sociales e institucionales".

Asimismo, CC pedía la adopción de iniciativas de carácter legislativo y reglamentario en las cámaras, con el fin de facilitar la labor de la comisión mixta y la simultánea labor de control político de la oposición.

Otra de las medidas solicitadas era la presentación urgente ante las Cortes de un conjunto de medidas "eficaces, ágiles y de fácil aplicación", para evitar losprocesos favorecedores de posibles comportamientos corruptos en concesiones, adjudicaciones y adquisiciones de bienes por parte de las administraciones públicas, estudiando la posibilidad de incorporar la figura del "arrepentido".

Finalmente, la última propuesta de CC que fue rechazada por la Mesa del Congreso se refería a la creación de un registro público de los patrimonios y declaración de rentas de los diputados y senadores.

Por otra parte, el órgano de gobierno de la Cámara acordó hacer una untualización sobre la expresión "aprobación", que figuraba en una resolución del PSOE y CiU relativa a la Ley de Comercio. La Mesa rechazó este término al considerar que versaba sobre una materia que no es de la competencia del Gobierno.

El contenido íntegro de la resolución en cuestión era el siguiente: "Afrontar, con carácter inmediato, reformas estructurales mediante la aprobación de la Ley de Comercio, la regulación de las telecomunicaciones por cable, la reforma de la Ley del Suelo, el refuerzo e la política de vivienda, la reforma del sector de seguros y de los colegios profesionales".