Alonso manifestó a Servimedia que la Constitución define a los jueces como "los sujetos encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", de lo que se deduce que estos magistrados entienden de conflictos de una manera pasiva, es decir, cuando éstos les son sometidos.

Añadió que ésa es la diferencia entre el juez y el político, en cuanto que el segundo entiede los conflictos desde un punto de vista activo, entra a resolverlos sin que le sean sometidos y lo hace con carácter general.

Por tanto, subrayó que colocar a un juez al frente de una tarea de control genérico del Cesid supone encargarle una función que constitucionalmente no es posible, a la vez que le convertiría en un político.

EN CONTRA DE LA TRADICION

Respecto a la reforma del jurado anunciada por el presidente del Gobierno, Alonso dijo que "tocar" una ley de contenido general, básicamene democrática y participativa, por lo ocurrido en el "caso Otegi" es "algo que va en contra de toda la tradición cultural y jurídica del mundo en el que vivimos".

El portavoz de JpD señaló que el problema del "caso Otegi" no estuvo en la Ley del Jurado, sino en el entorno en el que ésta se aplicó. "Por lo tanto", agregó, "desde este punto de vista falla la capacidad de análisis del presidente del Gobierno de una manera clarísima".