PP y Coalición Canaria aprobaron, con la abstención del PSOE, una resolución en la que emplazan al Gobierno a impulsar y desarrollar las conclusiones derivadas de los trabajos realizados en la subcomisión parlamentaria sobre discapacidad, especialmente en lo relativo a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de comunicación.

Esta propuesta se refiere también al ámbito de la educación, y propone un estudio integral de la situación de los alumnos con necesidaes especiales, así como promover la formación laboral y ocupacional y el empleo en "términos de igualdad al resto de los ciudadanos, fomentando el paso de las políticas pasivas a las activas".

Por último, la resolución del PP y Coalición Canaria en esta materia reclama que se preste una atención especial a los discapacitados gravemente afectados, así como a mejorar la situación de la mujer discapacitada en el mundo rural.

DERECHOS SOCIALES

No obstante, quedaron rechazadas las propuestas de resoución del resto de los partidos, que incluían iniciativas sobre discapacidad, como la del PSOE relativa a los "nuevos derechos sociales para las personas", en la que también había medidas relacionadas con los mayores.

Así, se rechazó instar al Gobierno a elaborar programas de respiro y descanso familiar para aliviar a quienes se encargan de personas dependientes; un Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias; y la reducción de la edad ordinaria de jubilación sin menoscabo de la cuantía de la pensiónpara trabajadores discapacitados.

En esta misma propuesta el PSOE planteaba la elaboración de un catálogo de actuaciones que garanticen el derecho a la información de las personas ciegas y sordas; programas de apoyo a las familias de personas con discapacidad; programas de atención a personas con enfermedad mental; programas de detección precoz de hipoacusia y de prevención de discapacidades.

Finalmente, reclamaba planes de atención a discapacidades emergentes como el daño cerebral o las enfermeddes raras, y programas de atención educativa que incluyan la gratuidad de las tasas universitarias para estudiantes con discapacidad, como establece la Ley de Integración Social de Minusválidos.

AÑO EUROPEO

Los votos en contra de PP y Coalición Canaria, y la abstención del PSOE, impidieron que saliera adelante la propuesta de CiU dedicada expresamente a la lucha contra la discriminación de los discapacitados, que invitaba al Gobierno a "mantener para ejercicios futuros la concienciación y los esfueros realizados durante el Año Europeo de la Discapacidad".

Este grupo reclamaba en su propuesta la transposición al derecho español de la directiva comunitaria aprobada en noviembre de 2000, sobre el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; y que se apoye la futura convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, quería que se redoblaran los esfuerzos para promover en el plazo más breve posible las condicions básicas de accesibilidad en el transporte, telecomunicaciones, espacios públicos y urbanizaciones.

PENSIONES

CiU incluía otras propuestas concretas, como desvincular la pensión no contributiva de invalidez de la renta familiar, para promover la autonomía de las personas con discapacidad; y compatibilizar esta prestación con el trabajo remunerado, sin una penalización en su importe, al menos hasta el límite del Salario Mínimo Interprofesional.

Izquierda Unida también proponía en una de sus resluciones coordinar las políticas sociales necesarias para garantizar la atención y el cuidado a las personas dependientes, promover la integración social y laboral de los discapacitados, prevenir las minusvalías e instaurar de forma precoz un tratamiento integral. Esta propuesta fue rechazada por el PP, mientras que el PSOE se abstuvo y el resto de los diputados votaron a favor.

Finalmente, el Partido Andalucista emplazaba al Gobierno a reconocer de forma oficial la Lengua de Signos y adoptar los medis necesarios para las personas sordas puedan comunicarse de este modo en todos los centros dependientes de la Administración estatal. Reclamaba también la aplicación de las medidas oportunas para eliminar las barreras arquitectónicas, auditivas y visuales en las instalaciones públicas, cuestiones también rechazadas.