Un análisis del subdirector general de dicho organismo, Carlos Olano Fernández, toma como referencia la distribución del gasto público en 1991 y llega a la conclusión de que, cuando se ultime el traspaso de competencias de los Estatutos de las autonomías constituidas al amparo del artículo 143 de la Constitución, las comunidades alcanzarán dicha cuota de gasto.

A este respecto, señala que, excluidas las obligaciones de amortización de la deuda y las pensiones de la Seguridad Scial y clases pasivas, el gasto público de 1991 se repartió de la siguiente manera: Estado, 11.171.493 millones de pesetas (58,4 por ciento); comunidades autónomas, 4.869.870 millones (25,4) y corporaciones locales, 3.104.698 (16,2 por cien).

Partiendo de ese reparto, es preciso tener en cuenta, según el responsable del Ministerio de Economía, que "tratando de evaluar la incidencia que puede suponer en el reparto el coste de los servicios de Educación y la Sanidad aún no transferidos, que se puede estmar en torno al billón setecientos mil millones de pesetas en grandes cifras, habría que considerar una franja intermedia de gasto realizado transitoriamente por el Estado pero atribuible en un futuro no muy lejano a las comunidades autónomas".

En consecuencia, las comunidades tienen un potencial de competencias que les permitirá controlar un 8,9 por ciennto adicional del gasto público (la cuota correspondiente al 1,7 billones de pesetas), hasta alcanzar el 34,3 por cien.

LOS AYUNTAMIENTOS

El ator señala que ese reparto del gasto público puede chocar con la consecución del modelo de reparto del gasto público en un 50 por ciento para el Estado, un 25 por cien para las autonomías y un 25 por cien para las corporaciones locales.

La búsqueda de ese equilibrio sólo podría conseguirse, a su juicio, mediante la aplicación alternativa o simultánea de estas tres medidas: aumento del gasto del Estado asignable a transferencias institucionales a favor de las corporaciones locales, una descentralizació efectiva de servicios públicos de competencia autonómica hacia las corporaciones locales acompañada de las correlativas cesiones financieras, o un aumento de la presión fiscal local.