Esta ha sido la primera reacción del Gobierno español a las palabras del primer ministro galo, Lionel Jospin, quien ha anunciado en el plenario de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Estocolmo que no es partidario de vender participaciones en empresas como Electricité de France (EDF).

Francia debe saber, ha dichoRato, que el resto de países de la UE están legitimados a partir de ahora a modificar sus legislaciones para actuar con "reciprocidad" y defenderse de operaciones de empresas francesas con capital público.

No es el caso de España, ha recordado el ministro español, que en su legislación ya contempla la conocida comúnmente como `acción de oro` o derecho de veto del Gobierno a la hora de vender empresas de sectores estratégicos.

De hecho, este debate ha resurgido en los últimos dos años debido a queempresas españolas se han visto involucradas en operaciones de venta o fusión que finalmente no cuajaron por la negativa del Ejecutivo español a que cayeran en manos de gobiernos extranjeros. Es el caso de la fusión de Telefónica con la holandesa KPN, que todavía tiene accionariado de su gobierno; de Electricité de France, que intentó una OPA sobre Endesa; o, más recientemente, de Electricidade de Portugal (EDP), sobre la que el Gobierno luso conserva un 30% y que intentó comprar Hidrocantábrico.

JoséMaría Aznar, promotor de la idea de adelantar las privatizaciones totales de esos sectores públicos, como ya le adelantó por carta al presidente de la Comisión, Romano Prodi, ha defendido hoy la necesidad de "reforzar el mercado interior energético", ha explicado Rato a los periodistas.

Para eso es imprescindible "aumentar el grado de eficiencia de las políticas de interconexión" (caso de la red eléctrica) y la capacidad de las redes transeuropeas.

Rato no ha querido adelantar cuál será la concluión del debate de los Quince jefes de Estado y de gobierno, que se conocerá mañana. Se ha limitado a insinuar que Francia defiende en solitario su postura - "es una postura francesa", ha dicho- y que tendrá que ser el gobierno de Jospin el que explique a sus ciudadanos y a la opinión pública europea por qué pone pegas en el calendario de la Europa unida.