El texto recoge el principio de que los Estados miembros tengan la facultad de incorporar o no a su derecho nacional las disposiciones de referencia sobre participación de los trabajadores en sociedades europeas constituida mediante fusiones.

Con este criterio, España acepta desbloquear el futuro estatuto de las sociedades europeas, cuya proyecto de directiva obligará al Gobierno español a revisar su legislación laboral.

El Gobierno español aceptaba el sistema de cogestión de una empresa entre trabajadores y dirección siempre que exista un acuerdo previo de la sociedad fusionada, pero buscaba una fórmula que no le obligara a modificar el Estatuto de los Trabajadores en España.

El vicepresidente y ministro de Eonomía, Rodrigo Rato, adelantó que el acuerdo alcanzado otorga a cada Estado de la UE la posibilidad de elegir entre la cogestión y la mera información a los trabajadores, porque este último es el sistema más extendido en España, cuando no existe un acuerdo con la dirección de la empresa para la participación de las plantillas en la gestión.

Las empresas que podrán acogerse al estatuto de ambito europeo son las que agrupan al menos a dos sociedades de diferentes Estados de la Unión, emplean a millaresde trabajadores y han aceptado mediante un acuerdo interno las condiciones de este tipo de empresas paneuropeas, incluidas las de participación de las plantillas en la gestión.