Esas subvenciones, según el texto de la resolución, se inscriben dentro de las ayudas concedidas a "instituciones privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo pryectos archivísticos".

La Fundación Francisco Franco está presidida por Carmen Franco, hija del dictador. En sus estatutos, asegura que su fin es dar a conocer las "dimensiones humana, política y militar" de Francisco Franco, así como destacar los logros del régimen franquista.

Las ayudas aprobadas para la Fundación Francisco Franco son dos, una de 22.190 euros para contratación de personal y servicios externos y otra para equipamiento informático, ambas con el objetivo de terminar la informatizaión y hacer copias de seguridad microfilmadas y digitales del archivo.

De subvenciones similares para la modernización de archivos han sido beneficiarias numerosas fundaciones, entre ellas algunas ligadas al PSOE, a UGT o a CCOO. En estas últimas resoluciones, la Fundación Pablo Iglesias, por ejemplo, recibe 12.200 euros para la contratación de personal y la compra de mobiliario necesarios para el proyecto de catalogación el Archivo del PSOE de la Segunda República.

Otros beneficiarios de ayudas on la Fundación Primero de Mayo (vinculada a CCOO), las Universidades Ponfiticias de Comillas y Salamanca, el Arzobispado de Santiago de Compostela y diversos Cabildos Catedralicios.

La Fundación Francisco Franco viene recibiendo regularmente subvenciones para la modernización de sus archivos, lo que ha sido criticado por los partidos de la oposición, por considerar que la ideología antidemocrática de la citada fundación debería inhabilitarle para recibir dinero público.

El Ministerio de Educació y Cultura defendió las subvenciones alegando que su finalidad es exclusivamente la modernización de los archivos y que "no tiene finalidades políicas, no hace actividades destinadas a enrolar a personas en una asociación con fines no democráticos".

Asimismo, los responsables de la Fundación afirmaron que las ayudas que reciben se ajustan a la legalidad y que contribuirán al acceso de los investigadores a sus archivos en cuanto estén informados. En un comunicado difundido en septiembre de 2002, califiaron de "escándalo indecoroso" las críticas recibidas desde los partidos de la oposición.