El derecho de participación garantiza el derecho de los autores de obras de arte a percibir un porcentaje sobre el precio que alcancen las reventas de sus obras cuando en estas intervenga un "profesional del mercado del arte". Aunque este derecho estaba ya reconocido por el ordenamiento jurídico español desde 1984, la directiva obliga a introducir algunas modificaciones en el mismo.

La remuneración del derecho se calculará en función de un sistema de porcentajes decrecientes por tramos de precios, a diferencia del método de cálculo actual que aplica un porcentaje único (3 por 100) sobre el precio de reventa.

Así, será del 4% de un precio de reventa de hasta 50.000 euros, del 3% entre 50.000 y 200.000 euros y del 0,25% cuando el pago exceda de 500.000 euros. En ningún caso, el importe total de la remuneración percibida podrá exceder de 12.500 euros.

El anteproyecto establecerá la responsabilidad compartida del vendedor y del profesional del mercado del arte en el pago del derecho, con el fin de asegurar la plena efectividad del mismo. Se fija el umbral de activación a 3.000 euros y las obras cuyo precio sea menor no tendrán que pagar esta remuneración.

Asimismo, se implantará la gestión colectiva obligatoria, es decir, la recaudación de este derecho a través de las entidades de gestión. Se garantiza con ello la eficacia del derecho, se facilita el pago a los deudores y se asegura un marco jurídico uniforme para todos los afectados.

La norma determinará que las cantidades recaudadas y que no pudieran ser repartidas por las entidades de gestión serán ingresadas en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes gestionado por el ministerio y que tiene como fin la promoción de la creación artística en este campo.

Además, el proyecto contempla otra serie de medidas que atienden problemas específicos: la lucha contra el intrusismo profesional, el funcionamiento del comercio de obras de arte en Internet y la obligación del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes de emitir un informe anual sobre la efectividad del derecho.

El Gobierno acordó hoy solicitar informe al Consejo de Estado sobre este texto, según informa el Gobierno en una nota pública.