Esta medida, anunciada la pasada semana por el consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, ha despertado una fuerte oposición, principalmente, de las distribuidoras.

El objeto de la ley, según fuentes del Ejecutivo regional, es establecer el marco normativo de la cinematografía en Cataluña, comprendidos todos los procesos relacionados con la creación, la producción, la distribución y la comercialización de la obra cinematográfica.

Además, la ley, que será aprobada previsiblemente antes de verano, regulará también aquellos aspectos relacionados con la formación y la preservación de las artes y del patrimonio cinematográfico.

Desde la Generalitat, explican que con la Ley se pretenden objetivos como la racionalización y eficiencia en la asignación de los recursos públicos; el impulso del tejido industrial audiovisual y su fortaleza empresarial, y la promoción del catalán en la producción, la distribución y exhibición cinematográfica.