La sentencia señala la inconstitucionalidad de la ley que estuvo en vigor hasta 1991, que obligaba a la adscripción y el pago de las cuotas alas cámaras de comercio, lo que, según Cuevas, es "algo que han pedido desde hace mucho tiempo los empresarios españoles y la CEOE".

A juicio de Cuevas, "no cabe duda de que los fundamentos jurídicos tienen que tener efectos en lo que es la legislación vigente".