Un incidente entre varios vecinos y algunos periodistas, que zanjó de inmediat la Guardia Civil, fue la única alteración del orden público durante esta "operación de regreso" de los calés, 46 días después de huir del pueblo tras la muerte de un vecino payo, Angel Arroyo, presumiblemente a manos de gitanos.

La jueza Lourdes Molina, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que lleva el caso, entregó esta mañana a los gitanos las llaves de sus viviendas, aunque de momento el patriarca Antonio Romero y varios de sus hijos dormirán en un hostal de la localidad hasta que o inspeccionen sus casas y decidan dónde se alojan mientras realizan los arreglos oportunos.

Los miembros de la comunidad gitana llegaron escoltados por guardias civiles de paisano, en prevención de que actuara algún incontrolado, "que siempre sería una acción aislada", señaló el gobernador civil de Jaén, Joaquín Iñiguez.

El gobernador subrayó el buen clima de diálogo conseguido en el encuentro de anoche "en pro de los derechos fundamentales" y alabó la actitud del ayuntamiento mancharrealeño.

Tras la mencionada reunión, Iñiguez leyó un comunicado redactado por los participantes, reconociendo el derecho constitucional de cada ciudadano para escoger su lugar de residencia y haciendo un llamamiento "para que la convivencia y la paz en Mancha Real se establezcan con absoluta normalidad".

Por otra parte, la jueza Molina dictó esta mañana auto de prisión provisional contra otros dos vecinos de Mancha Real por su supuesta participación en el asalto a las viviendas gitanas del pasado 19 de mayo. Con ellos suman ocho los vecinos detenidos hasta el momento, aunque sólo dos, Sebastián Carreras y Blas Cañizares, permanecerán en prisión, ya que los dos últimos no ingresarán en la cárcel al pagar una fianza de medio millón de pesetas su abogado, Enrique Ruiz Roldán, procedente del fondo común habilitado en Mancha Real, caja que ya ha desembolsado un total de cuatro millones de pesetas.