Los ecologistas basan sus afirmaciones sobre la saturación de las cuatro centrales españolas en los datos reflejados en el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según esas estimaciones, Zorita tiene ocupados sus almacenes en un 87,13 por ciento, Garoña en un 79,86 por ciento, Vandellòs I supera el cien por ciento y Ascó el 92,78 por ciento.

Además, los tes módulos del cementario de El Cabril (Córdoba), con capacidad para unos 15.000 bidones de residuos, presentaban a finales del pasado año una ocupación del 96,80 por ciento, 72,4 por ciento y 64,62 por ciento.

En el primer y tercer módulo se guardan residuos procedentes de la investigación y de pequeños productores, mientras que el segundo sólo almacena desechos procedentes de centrales nucleares.

Esta decisión fue recurrida hace dos años por Aedenat mediante un contencioso administrativo, que an no está resuelto, por considerar que la instalación sólo podía almacenar sustancias radiactivas y no nucleares.

COLAPSO TOTAL

A través de un comunicado, los ecologistas advierten que de seguir el ritmo actual de almacenamiento y la producción de los últimos dos años, el cementerio estaría colapsado antes de terminar el año 1992.

"La situación se ve agravada por la producción de los residuos de la central de Ascó y por la posibilidad de tener que evacuar grandes cantidades de residuos de Vandelòs I, después de su cierre", aseguran los ecologistas.

Las organizaciones conservacionistas critican además la práctica de almacenar restos radiactivos sin embidonar, "que cada día se generaliza en las centrales nucleares más antiguas".

Los residuos son grandes piezas metálicas que provienen de obras que implican desmontar elementos contaminados. En Zorita, según los ecologistas, el volumen almacenado de esos elementos es sólo ligeramente menor que el de todos los generados en España.

Para os dos colectivos, este tipo de almacenamiento, además de ser totalmente irregular desde el punto de vista administrativo, comporta un mayor riesgo radiológico para los trabajadores de la planta.

Los ecologistas señalan que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y el Ministerio de Industria incumplen las leyes que ellos mismos dictaron al no elaborar los planes de residuos.