Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Acceso a la eficiencia energética de las personas consumidoras en España’, que recoge los resultados de la última encuesta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y fue publicado este martes en el marco de la Semana Europea contra la Pobreza Energética.

El “principal objetivo” del informe ha sido el de analizar los comportamientos de los consumidores en el uso de energía y “detectar los obstáculos o barreras” que encuentran para implementar medidas de “mejora” de la eficiencia energética en los hogares, “con especial atención a la población vulnerable”.

Para la federación, “los problemas económicos y el desconocimiento” son los “principales motivos” que “impiden” a los usuarios generar en sus viviendas la temperatura “adecuada para su bienestar”, razón por la cual exigió a las administraciones públicas que "asuman la responsabilidad política de garantizar el derecho al suministro energético de todas las personas y acaben con la pobreza energética” y urgirles a hacer “un mayor esfuerzo” de “comunicación, accesibilidad y transparencia” de las ayudas disponibles para “combatir” el “desconocimiento” de la población en torno a ellas, pero también a “mejorarlas” para que cubran “realmente y de manera efectiva” las necesidades de todas las personas “en situación de vulnerabilidad”.

En este sentido, junto a otras organizaciones sociales, volvió a reclamar “una tarifa social de energía” que permita “garantizar” el derecho al suministro eléctrico frente a la “insuficiencia” del actual bono social.

TARIFA SOCIAL

En cuanto a las “condiciones mínimas” que debe cumplir dicha tarifa social para garantizar el acceso al suministro eléctrico de “todas las personas consumidoras vulnerables”, la federación defendió que debe “reconocer” el suministro eléctrico como “un derecho de todas las personas y garantizar un mínimo vital de energía eléctrica”.

Además, debe introducirse en el marco de una reforma “integral” del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros como “la justicia social, la redistribución y el cambio climático" y debe “permitir acceder en equidad de condiciones" a un suministro "esencial”.

“Las condiciones para acceder a ella deben ser sencillas y comprensibles, debe incluir de manera prioritaria acciones por parte de la administración pública para la mejora de la eficiencia energética que contribuyan a reducir el consumo y debe ser una herramienta de solución y transformación, no una mera ayuda en forma de descuento”, espetó.