Así lo pone de manifiesto una investigación presentada este jueves por Save the Children a partir del análisis de casi 400 sentencias por este tipo de delitos en Cataluña, Andalucía, Euskadi, Comunidad Valenciana y Madrid.

Según sus conclusiones, el 83% de las víctimas de estos abusos son mujeres (niñas o adolescentes), y la edad media a la que empiezan los delitos ronda los 11 años.

El estudio también revela que el 96% de los condenados no tenían antecedentes relacionados con la violencia sexual hacia la infancia, y concreta que el 40% de ellos son familiares de las víctimas; el 42% pertenecen a un entorno cercano aunque no familiar, y solo el 17% pueden calificarse como desconocidos.

Bajo el título 'Por una justicia a la altura de la Infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España', el informe resalta que más del 88% de las sentencias estudiadas concluyeron en una condena, lo cual “no significa que se haya actuado siempre de la forma más adecuada para la infancia”.

Así lo dijo la directora de incidencia social y política en Save the Children, Catalina Perazzom, que en rueda de prensa reclamó la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia, tal como prevé la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Según explicó, la ley integral “establecía un plazo de un año para que el Gobierno sacase adelante una legislación que permitiese la especialización judicial en infancia”. Dicha norma “debería haber visto la luz en junio de 2022”, prosiguió, “así que ya vamos más de un año tarde”.

LA PUNTA DEL ICEBERG

En 2021, se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, según el Ministerio del Interior.

A juicio de Perazzo, “estos datos son solo la punta del iceberg, pues estimamos que solo el 15% de los abusos sexuales llegan a denunciarse”. "Si consideramos el alto porcentaje de abusadores que son familiares o conocidos cercanos (de los niños), es fácil comprenderlo", declaró.

Por su parte, Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia en la organización, destacó que el tiempo de duración de los procesos judiciales (por estos delitos) ha aumentado “exponencialmente”. En el periodo anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años, y “ahora vemos que sólo el 23,5% lo hizo en ese mismo tiempo”, señaló.

REVICTIMIZACIÓN

Lamentó, asimismo, que “hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces (en policía, fiscalía y juzgado)". "Sólo en el 24,9% de los casos estudiados consta la utilización de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que los menores víctimas no tengan que repetir esa declaración varias veces". El propósito de esta medida, recogida también en la ley de Infancia, es "evitar la revictimización".

De hecho, esto fue lo que le sucedió a Carmen Corrales, de 26 años, que en la rueda de prensa recordó cómo fue enunciar contra su abuelo por abusos sexuales, “desde los 10 hasta los 14 años”. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad.

“Durante el proceso, yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, afirmó.