Por el momento, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación conservadora mayoritaria en la carrera, no se ha pronunciado sobre el mantenimiento del paro, mientras que las progresistas Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, nunca llegaron a sumarse a la convocatoria de huelga.

Estas cuatro asociaciones entienden que la propuesta del departamento que dirige Pilar Llop “no es en absoluto satisfactoria, no colma nuestras legítimas reivindicaciones económicas y tampoco atiende a las imprescindibles necesidades de inversión en medios en Justicia que los ciudadanos demandan”.

Pese a ello, valoran que “por primera vez en veinte años, la mesa de retribuciones va a conducir a un aumento real de nuestras percepciones, basado en un acuerdo específico con los propios jueces y fiscales”.

Además, se fija un “marco estable” de relaciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda para dotar de contenido a las futuras reuniones de la mesa, que se fijan con una periodicidad más favorable que la prevista en la ley. El calendario previsto, indican, permitirá abordar “en este mismo año cuestiones pendientes de gran importancia para jueces y fiscales, tales como la retribución de la guardia, la antigüedad o los grupos de población, entre otras”.

Por tanto, “teniendo en cuenta estos argumentos, los resultados de los mecanismos internos de decisión de cada asociación y la necesidad de evitar a los ciudadanos y profesionales más daños en una Justicia ya muy maltrecha, las asociaciones firmantes hemos decidido apostar por el diálogo y desconvocar la huelga del día 22”.

Con todo, estas asociaciones señalan que no pueden pasar por alto “el grave problema de sobrecarga de trabajo que afecta a la Justicia” e indican que pese al compromiso de incrementar las plazas en un centenar ese crecimiento “es netamente insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, 293 juzgados de nueva creación solicitados por el CGPJ y las jubilaciones que se avecinan”.

El acuerdo con Justicia contempla un aumento de 450 euros mensuales para los jueces, una compensación similar para los miembros de la carrera judicial destinados en órganos unipersonales e incrementos salariales para distintas categorías de fiscales de unos 450 euros mensuales, que irán aplicando de manera escalonada desde este año hasta julio de 2024. Además, hay un compromiso para convocar anualmente la mesa de retribuciones y un compromiso para ampliar en dos centenares las plazas de jueces y fiscales en los dos próximos años.