La Comisión Constitucional analizó, en una reunión de algo más de tres horas, el capítulo primero del título IV, es decir, el grupo de artículos, del 110 al 115, en el que se define la tipología de las competencias, para entrar en la próxima sesión, que se celebrará el miércoles, en las materias de las competencias, que abarcan hasta el 173. Todo el bloque se votará el miércoles.

Este bloque contó con el rechazo frontal del PP, cuyo portavoz en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, lo considera "tan enmarañado que exige una reconstrucción". Este "largo y prolijo título" es un "híbrido entre el federalismo del PSOE y el nacionalismo" de sus socios, un "totum revolutum" que configura un "triple blindaje" de las competencias.

"Lo han hecho a costa de que sea un Estatuto francamente ininteligible, muy tecnocrático" y, por lo tanto, "menos controlable por el Parlamento, más lejano al ciudadano", además de "ineficaz, más conflictivo, menos coordinado. Hemos hecho un Estatuto más intervencionista y con más control de esa sociedad", concluyó, "que ustedes consideran una nación".

La diputada del PP Soraya Sáenz de Santamaría, que intervino pese a que el presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, le advirtió de que Trillo "se lo ha comido con creces, le ha dejado sin tiempo ninguno", denunció que, con este texto, "la administración del Estado desaparecerá del territorio de Cataluña", porque se le mira "con desconfianza".

"Se ha inventado un espacio para ejecutar todo tipo de competencias: en su territorio son propias, y las pocas que le corresponden al Estado tendrán que tener su informe o su consentimiento", un sistema que si se pusiera en práctica en el sentido contrario, del Estado sobre las competencias de Cataluña, sería tachado de "invasión competencial".

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó al grupo de artículos que se debaten esta tarde dos votos particulares, concretamente al 114.1, sobre la actividad de fomento, por la que la Generalitat puede conceder subvenciones con cargo a fondos propios; y al 115.2, relativo al alcance territorial de las competencias.

ERC Y EL PP, DE "CAZA MAYOR" El portavoz de ERC, Joan Ridao, aseguró que con este texto "no se desapodera al Estado de ninguna competencia exclusiva, se respetan todas las reservas constitucionales, y no se entra a definir el ámbito de las competencias estatales a pesar de influir en el alcance de algunas competencias colaterales", y justificó el "blindaje" en que el Estado ha ido "adelgazando" las competencias de Cataluña.

El dirigente de la formación independentista no quiso terminar su intervención sin dirigirse directamente a la ponente popular Sáenz de Santamaría, de quien dijo que, con la "perdigonada" que ha lanzado, parece que "le molesta que existan comunidades autónomas".

Su mención no quedó sin respuesta, ya que la diputada del PP apuntó que "no tenía intención de dispararle, y en todo caso no habría venido con una escopeta de perdigones, porque le respeto intelectualmente y sé que usted es caza mayor", a lo que Ridao replicó que prefiere que le considere caza mayor a que le diga que "pájaro que vuela, a la cazuela".

En defensa del texto, el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, aseguró que este título sirve para "clarificar, dejar más diáfano" el reparto de competencias y las relaciones entre el Estado y Cataluña, con lo que se eliminarán conflictos y pleitos.

CONSTITUCIONAL E INTELIGIBLE

Además, es "plenamente constitucional y muy adecuado al objetivo de inteligibilidad", por lo que atribuyó el rechazo del PP, que sólo plantea enmiendas de supresión, y no propone mejoras, a "un problema de que no quieren que haya un desarrollo del Estado autonómico".

El diputado socialista agregó que "no se invade ni un milímetro" las competencias que la Constitución da al Estado, y además garantiza que éste establecerá un "mínimo común normativo en normas con rango de ley salvo excepciones, y en este Estatuto no hay una lista, las fija el Estado con arreglo al bloque de la constitucionalidad".

Josep Sanchez Llibre, de CiU, recalcó que la Generalitat de Cataluña ha planteado en los últimos 25 años 318 actuaciones ante el Tribunal Constitucional, entre conflictos de competencias y reclamaciones. "Algo ha tenido que pasar" para plantear este Estatuto dijo. "Estamos ya hartos de un acecho, acoso y derribo de competencias que correspondían al Gobierno catalán".

"VOLATILIZAR COMPETENCIAS" Respondió a los ponentes del PP que "ustedes tienen pánico, terror, de que el Estado desaparezca, quizá porque la mayoría de los dirigentes del PP son funcionarios de alto nivel del Estado y les podría afectar, es por corporativismo", pero, aclaró, "no vamos por ese camino, partimos de la base de que la Generalitat también es Estado, no pretendemos autoexpulsarnos".

El presidente de ICV, Joan Saura, se mostró convencido de que este título "va a permitir que los ciudadanos de Cataluña vivan mejor, es un instrumento para que cualquier gobierno de la Generalitat dé soluciones desde la cercanía a los retos de la ciudadanía".

Agregó que permitirá hacer frente a los 25 años de "lectura reduccionista" de las competencias, cuyo resultado ha sido que "la competencia exclusiva de Cataluña se ha volatilizado. Lo que estamos proponiendo con este Estatuto son medidas que vuelvan a recuperar el concepto de competencias exclusivas".