Dos ex altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisco Salamanca y Pedro San José, que comparten banquillo con Juan Guerra, reiteraron hoy la legalidad del desvío de enfermos renales de la sanidad pública a la clínica privada, producida en 1988 con la presunta mediación de Juan Guerra.

En este juicio Juan Guerra está acusado de un delito de conspiraciónla prevaricación, por el que la acusación particular de IU pide 6 años de inhabilitación en cargo público.

La misma pena se pide para el ex gerente del SAS Francisco Salamanca, mientras que para el ex director de la Oficina de Gestión de Demanda del SAS Pedro San José IU pide 6 años de prisión por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación.

Según los escritos de las partes, el Consejo de Administración de Litomed S.A., constituido en 1987, acordó a principios de 1988 alcanzar auerdos con el SAS para desviar enfermos renales de la sanidad pública a la privada y desbloquear así la crítica situación generada por las listas de espera.

La acusación mantiene que la mediación de Guerra con el SAS fue decisiva para alcanzar el acuerdo. Incluso se llegó a producir una visita de Guerra con los responsables de Litomed en el SAS para "influenciar" en sus altos cargos.

La tarifa del tratamiento renal a través del SAS era de 210.000 pesetas por paciente, mientras que Litomed, clínic especializada en la destrucción de cálculos renales (litotricia), fijó la tarifa en 350.000 pesetas. En los meses objeto de investigación judicial el número de pacientes en lista de espera ascendía a 1.000 personas, a una media de 200 por mes.

En febrero de 1988, cuando se suscribió el acuerdo con Litomed y otras clínicas privadas, el SAS carecía de servicio de litotricia, en un momento en el que se preveía además un incremento en el ritmo de crecimiento de las listas de espera. Según la defensa, la o revisión de enfermos en otros centros capacitados hubiera sido una grave irresponsabilidad sanitaria.

En su declaración, San José manifestó que los conciertos con las clínicas se decidieron para los casos más graves en los que la vida del enfermo corría peligro. Asimismo, aseguró que no conoció la vinculación de Guerra con Litomed hasta que no apareció en la prensa.

Por su parte, el abogado de Juan Guerra, Antonio Mates, que en todo momento consideró el juicio como un acto político, pidió la nuidad de la vista por considerar nulo el procedimiento y "la falta total de las garantías constitucionales a su procesado".

Según Mates, IU "viola el principio de acusación y el derecho a la defensa por no expresar con precisión los hechos delictivos de los que se acusa a Guerra".

En uno de los descansos de la vista, el hermano del vicesecretario general del PSOE, que se negó a declarar en el juicio, acusó indirectamente a IU por estar sentado en el banquillo, y se lamentó de ser "el único ciudadao español que es acusado en un juicio por un partido político".

En su opinión, Fernández del Pozo (abogado de IU) "debe estar pasándolo mal, aunque quizá el premio será ir en las listas de IU en las próximas elecciones autonómicas".