González-Páramo se mostró partidario de ampliar la base de cálculo de la cuantía de las prestaciones a toda la vida laboral, medida que no implicaría una reducción en las pensiones si se actualizaran las bases más antiguas de cotización.

Según sus cálculos, la propuesta del Gobierno de ampliar el período de cálculo de ocho a quince años supondrá una disminución del 0,5% en la pensión inicial por cada año que se amplíe el cómputo. Sin embargo, esta medida sólo supondría que eldéficit de la Seguridad Social pasase del 1% del PIB actual al 0,8%.

En cambio, el retraso en la edad de jubilación y la desincentivación de las jubilaciones anticipadas sí que podría tener un efecto más importante en el desequilibrio, que podría reducirse hasta el 0,6% del PIB.

González-Páramo es co-director del curso de verano "Pensiones y prestaciones por desempleo en España: presente y futuro", que se está impartiendo en San Sebastián organizado por la Universidad del País Vasco y la Fundació BBV.

En este curso, Carlos Monasterio, catedrático de la Universidad de Oviedo, propuso una serie de reformas que, según sus cálculos, reducirían un 20% la cuantía media de las pensiones.

Sus propuestas pasan por la elevación de 15 a 20 años al período mínimo de cotización para acceder a las pensiones, por la ampliación de la base de cálculo de 8 a 20 años y por aumentar de 35 a 40 años el mínimo para tener derecho al 100% de la base reguladora que determina las prestaciones.

Además, Monastrio abogó porque cada año de carencia por debajo de los 40 años cotizados suponga un recorte de 2,5 puntos en la cuantía final de la pensión, frente a los dos puntos en vigor actualmente. La edad de jubilación se ampliaría a los 67 ó 68 años.

Por su parte, la profesora María Teresa López, de la Universidad Complutense de Madrid, abogó por la equiparación de los sistemas de protección por desempleo a los niveles existentes en los países del norte de Europa.

López propuso la creación de un sistema specífico de cofinanciación en el presupuesto de la Unión Europea para la subida de las prestaciones por desempleo. En su opinión, los principales beneficiarios de esta medida deberían ser los parados de larga duración.

La profesora estimó que las prestaciones "no garantizan que los desempleados puedan evitar la pobreza" en la mayoría de los países comunitarios. Rechazó la idea de que los beneficiarios del sistema queden disuadidos a la hora de buscar empleo. Aseguró que una importante proporción de prados prefiere trabajar.

Por otro lado el profesor Maximino Carpio, de la Universidad Autónoma de Madrid, expuso que el sistema de pensiones español es uno de los más generosos de la UE. Así, los años para acceder a la pensión plena (35 en España) contrastan con los 40 que generalmente se exigen en Europa.

La tasa de sustitución de salarios medios, es decir el grado de equiparación entre la prestación recibida y el sueldo al que se tenía derecho, también es de las más altas. Además, la reducción e la pensión resultante en el caso de que no se haya llegado a los 35 años de cotización para la plena, es de dos puntos por cada año de carencia, cuando lo normal es que la quita sea de tres años.

Carpio se mostró convencido de que la reforma de los sistemas de protección social en Europa caminan hacia la universalización de las prestaciones por vejez, hacia la revisión al alza de las edades de jubilación y hacia la reducción de la carga presupuestaria que suponen las pensiones.