La vida útil de este reactor vence en julio de 2009, y las empresas propietarias (Nuclenor: es decir, Endesa e Iberdrola) han solicitado prolongarla durante 10 años más, según establece el procedimiento de seguridad que rige en España.

Por su parte, el CSN ha solicitado a todas las empresas titulares de activos nucleares en España información de las inversiones que preven realizar en las plantas, para comprobar que "la crisis no afecte" a las mismas.

Según explicó hoy a la prensa la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, tras comparecer en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado, "las priorizaciones en inversiones van a constituir un elemento importante para el análisis que tiene que hacer en su conjunto el consejo".

En España, las plantas han funcionado durante 30 años sin que haya ningún problema con repercusión en personas o en el medio ambiente", apuntó Martínez Ten.

No obstante, "hemos pedido un plan de inversiones anual y el Gobierno ha creado un grupo de trabajo para analizar la gestión de los activos nucleares porque lo que queremos es que, en una situación de crisis económica, en la que las empresas pueden tener problemas, las infraestructuras que tiene que ver con las tecnologías de riesgo se aseguren".

Se trata, añadió, de "que la crisis no ponga en cuestión la calidad de las contratas, las inversiones para la reposición de equipos, las plantillas, etcétera".

El CSN tendrá que emitir un informe sobre la convenciencia de la renovación de su licencia por 10 años, según establece el procedimiento español (salvo inspecciones puntuales excepcionales). Si el informe es negativo, será vinculante; si es positivo, la última palabra la tendrá el Gobierno.

Todo ello será considerado en la elaboración del informe definitivo relativo a Garoña, que "no estará listo antes de mediados de 2009".