El sindicato denunció “la incertidumbre” que este acuerdo ha generado entre los trabajadores afectados, que cifra en unos 300 funcionarios de oficinas de extranjería en Cataluña, y exigió que el traspaso se negocie “con los representantes de los trabajadores” para garantizar los derechos de la plantilla, sus condiciones laborales y la posibilidad de movilidad con otras administraciones.

CSIF recordó que el personal dedicado a extranjería en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno “supone entre el 30% y el 50% del total de funcionarios”, por lo que la transferencia “implicaría la reubicación de un elevado número de empleados de la Administración General del Estado (AGE)”.

“CSIF permanecerá vigilante ante el desarrollo de este proceso y exigirá al Gobierno que garantice la máxima transparencia, el respeto a los derechos laborales y la seguridad jurídica de todos los trabajadores afectados”, agregó el sindicato en su comunicado.

CSIF también apoyó la huelga de los trabajadores de Renfe y Adif y mostró “su rechazo frontal al traspaso de Cercanías y servicios de transporte ferroviario OSP a Cataluña, así como a la venta de Renfe Mercancías”.